Algunos partidos, colectivos sociales y expertos han alertado de que la legislación sobre orden público que ha aprobado en solitario el Partido Popular, pese a lo importante del asunto y a lo de desear que hubiera habido un amplio consenso, puede traer mucho más sanciones para los ciudadanos que de manera pacífica quieran mostrar su rechazo a las políticas del Gobierno. Lo cierto es que, mal se explica que en un país como el nuestro, sin conflictos sociales en las calles, pese al desastre que está sufriendo la ciudadanía en general por unas políticas que ni generan empleo ni aportan a España la salida de la crisis, se endurezcan las penas y las multas a quienes simplemente no hacen sino ejercer la democracia en la calle, que ésta no es sólo votar cada equis tiempo, sino también, quejarse y proponer en la calle. Mal se le puede explicar a la gente que está siendo desahuciada de sus viviendas por los errores y desmanes cometidos por la banca en otro tiempo, que ahora pagan los usuarios, y también, a la gente que por la falta de empleo, la congelación o bajada de los salarios, la falta de prestaciones y cobertura socia, está siendo obligada a perder sus hogares, que tratar de impedir este tipo de situaciones injustas, sea ahora castigado con dureza; o que, no se puedan grabar y exhibir (como se puede hacer con las acciones de manifestantes incontrolados) los abusos y el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía. Realmente, no parece que case con la transparencia de la que quiere presumir el PP.
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