La Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de San Roque, tras tener conocimiento de las declaraciones realizadas el día 21 de agosto en la red social de Facebook, un post de un señor cuyo perfil venía identificado con nombre y apellidos, haciendo alusión a una funcionaria, trabajadora social del departamento de Servicios Sociales de este Ayuntamiento de San Roque, a la que citaba por su nombre y apellidos, narrando unos supuestos hechos referente a la intervención profesional que venía desarrollando con una usuaria del citado servicio.
Interpuesta denuncia ante el Juzgado de San Roque por parte de la trabajadora contra el autor de dichos comentarios, dicho Juzgado propone un acto de mediación en el que el demandante debe pedir disculpas públicas en el mismo medio en que supuestamente insultó a dicha funcionaria."No siendo dicha disculpa acorde a los insultos vertidos", añaden desde la Junta de Personal y el Comité de Empresa.
Ante estos hechos, declaran "nuestro apoyo más rotundo a la trabajadora social así como a todo el personal de los Servicios Sociales del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, un equipo de profesionales que realizan su actividad laboral con un sólo objetivo: mejorar las condiciones de vida de las personas a las que atienden. Aunque sabemos que son constantes las declaraciones injustas de este señor al trabajo que se realiza desde este departamento". Asimismo, expresan "nuestro rechazo a todos los comentarios y opiniones expresados por este señor en Facebook". Entienden, además, que "lo manifestado por el autor de la publicación a demás de falso atenta contra la dignidad profesional y personal de la trabajadora". Asimismo, declaran saber "que como empleados públicos que somos es nuestro deber realizar nuestra acción profesional brindando el mejor servicio público a los ciudadanos y ciudadanas de San Roque, observando y cumpliendo en todo momento con las leyes vigentes, respetando y haciendo cumplir los derechos que amparan a los usuarios y usuarias".
Por tanto, aseguran que no pueden permitir "que nuestros derechos individuales y colectivos sean vulnerados en el ejercicio de nuestra actividad profesional, así como nuestra imagen y honor, ya que además de las consecuencias personales que se derivan de vernos expuestos a difamación pública, tampoco podemos permitir el desprestigio y descrédito de los Servicios Públicos. Y esperamos que nuestro Ayuntamiento esté ahí para defendernos".
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