La más que presumible aprobación -tirando de mayoría absoluta y de otros apoyos ya anunciados- de la memoria justificativa de la salida de San Roque de los servicios mancumunados de la empresa comarcal Arcgisa, que supondrá la recuperación de la gestión del agua y la basura el 15 de enero de 2018, no implica en absoluto que haya voces que cuestionen la idoneidad y rentabilidad de este cambio.
La primera de estas voces contrarias es, ni más ni menos, que la propia interventora de fondos municipal, quien, según ha podido saber este medio de fuentes solventes, habría indicado en su informe al respecto que en la memoria justificativa no se han aportado los datos necesarios para aclarar suficientemente si el rescate, tanto de la basura como del agua, puede ser sostenible o no a medio plazo.
El informe se refiere a que tanto para un servicio como para el otro, en el análisis económico en que se apoya la memoria justificativa se parte de datos aportados por Arcgisa sobre el servicio en San Roque correspondientes a 2014, y que la interventora considera de escaso valor al no recoger una proyección anual.
Además, apunta que en lugar de tomar los datos de la liquidación de 2015, da por válidos unos datos de previsiones respecto a la posible liquidación que se derive de 2016, lo cual a su juicio tendría poca fiabilidad.
Para la interventora, con esta escasez de datos la sustentación económica de la memoria se diluye, hasta el punto de no justificar por qué a partir de datos negativos de 2016, con una importante caída desde 2014, se hace una previsión de un posible resultado positivo en 2017 que podría rondar los 90.000 euros.
Costes de personal
Además, la interventora hace referencia a los costes de personal, que supone más de la mitad del coste del servicio, y cuestiona que los mismos, sin motivación alguna, se vayan a quedar congelados, sin tener en cuenta posibles incrementos de empleados.
Tampoco reflejaría la memoria, en el momento de la emisión de ese informe de Intervención, la repercusión de los costes de personal sobre los límites de incorporación del mismo en cuanto a la normativa presupuestaria vigente, ni tampoco analiza posibles jubilaciones, excesos o necesidades de personal a medio plazo. Tampoco se justificaría por qué se calcula que los costes de aprovisionamiento (compra de agua) serían menores.
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