El Ayuntamiento de Medina Sidonia ha ofrecido respuesta sobre el cobro, presuntamente irregular, por parte de la empresa municipal Medina Global del canon de mejora de infraestructuras de agua que publicó este medio la pasada semana. El equipo de Gobierno local asegura, mediante nota de prensa oficial, que la aprobación de dicho canon “es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Aguas de Andalucía” y que esa tasa, que se lleva cobrando desde el año 2009, fue aprobada en pleno municipal en el año 2008 cuando entonces ocupaba la alcaldía el PSOE.
Explican además que Izquierda Unida, que entonces no ostentaba la vara de mando, ya detectó la omisión de un trámite administrativo durante la aprobación del canon en 2008 y que “así lo trasladó a la Junta de Andalucía”, que está en proceso de “regularización del mismo”, afirman, no desmintiendo de este modo la información dada por este medio.
Fuentes consultadas aclaran a Andalucía Información que el Ayuntamiento no se habría saltado un simple trámite sino, más bien, la disposición adicional 17ª de la Ley 7/1996 de forma “íntegra”. La citada Ley establece que los ayuntamientos pueden solicitar a la Junta el establecimiento de un canon de mejora con la finalidad de financiar las inversiones en infraestructuras hidráulicas a cargo de los Ayuntamientos correspondientes. No obstante, el Ayuntamiento de Medina, en el año 2008, cuando ya estaba en vigor la ley 7/1996, por su cuenta y sin solicitarlo a la Junta, aprobó el canon y comenzó a cobrarlo en el año 2009. Es la Junta quien debe establecer el canon de mejora tras examinar la solicitud de los Ayuntamientos, por lo que el pago del mismo por parte de los vecinos “no tiene apoyo legal de ningún tipo”, advierten desde diferentes ámbitos.
Desde Medina Global aclaran que ellos ya detectaron una “omisión de trámites” en el proceso de aprobación del canon del agua, pero este “pasó por la correspondiente tramitación municipal y fue publicado en el BOP sin que nadie recurriera el acuerdo”, lo cual aparentemente no les ampara para legalmente ejecutar el cobro del mismo.
Sobre este punto, el Pleno de un Ayuntamiento no puede aprobar una medida así, publicarlo en el BOP y luego exigirlo a los vecinos porque se podría estar incurriendo en un posible delito al carecer la exigencia del pago de la tasa “de apoyo legal”. Esta situación “podría suponer un delito continuado de prevaricación”, afirman.
La misma ley, la 7/1996, establece además la obligatoriedad de realizar auditorías específicas del canon cada dos años. Pero el canon no ha sido sometido desde el año 2009 a auditorías bienales, como establece la Ley.
La respuesta ofrecida por el Ayuntamiento de Medina es que el canon fue aprobado por el anterior gobierno socialista y que, como se aprobó en Pleno municipal, su aplicación “es una obligación legal para el Ayuntamiento de Medina por cuanto está aprobado por los órganos municipales desde el año 2008, publicado en el BOP y, por lo tanto, tiene plena vigencia”.
No obstante, el Equipo de Gobierno insiste en que “tiene un carácter claramente finalista, concretado en el proyecto de construcción de los colectores que llevan aguas residuales desde el núcleo urbano hasta la depuradora, una obra ya ejecutada y en funcionamiento desde hace varios años”. En la nota, Medina Global explica que “el carácter finalista de esta tasa es lo que hace que los ingresos obtenidos del mismo [del canon] sean transferidos íntegramente al Ayuntamiento para que este atienda al pago del préstamo que se pidió en el año 2008 para financiar las obras de colectores de la depuradora”. Pero de ese dinero “Medina Global no ingresa ni un solo euro de este importe”. Una obra para la que, por cierto y según explican desde el Ayuntamiento, fue necesaria “la contribución” por parte de la empresa pública Medina Global de una cantidad de “232.189 euros de fondos propios, contribuyendo así a aminorar el coste del canon para el ciudadano”.
El canon está previsto que se cobre a los vecinos hasta el año 2023, según han especificado desde el Gobierno local. El cobro del mismo revierte a las arcas públicas unos 95.000 euros anuales que se vienen cobrando desde 2009 para una obra que, según el Ayuntamiento, se pagó con 232.000 euros de fondos propios, más una cantidad no determinada que se solicitó en préstamo. Un procedimiento que el Gobierno local explica en términos de que “supone una fórmula avalada por la Ley y utilizada por multitud de municipios para financiar obras de infraestructuras hidráulicas”, si bien llama la atención para ejecutar una obra de unos 232.000 euros recauden en torno al 95.000 al año desde el 2009 al 2023.
El Equipo de Gobierno insiste en que “Medina Sidonia tiene uno de los servicios de aguas más baratos de toda la provincia y nos esforzamos día a día para que nuestro modelo de gestión pública del agua sea eficiente, respete los derechos humanos y esté poniendo en evidencia a las privatizaciones del pasado, convirtiendo a Medina Sidonia en un referente en cuanto a la municipalización de servicios públicos (transporte urbano y basura en el último año)”.
El gabinete jurídico de Facua, la Asociación de Consumidores, está actualmente investigando esta posible irregularidad para determinar si pudiera existir un cobro ilegítimo a los vecinos de Medina y, de ser así, solicitar mediante las pertinentes demandas las devoluciones con efecto retroactivo, a lo que se podría unir otras demandas por parte de diversos colectivos sociales y políticos.
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