Como se recordará desde CCOO se denunciaba ante la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de La Línea ante el incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud de los trabajadores, lo que fue objeto de requerimiento por parte de la autoridad laboral para que el consistorio se adecuara a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.
La falta de equipos de protección individuales en distintos departamentos de esta institución local, la falta de taquillas para guardar la ropa de trabajo, la falta de las preceptivas inspecciones técnicas de los equipos de trabajo y de los vehículos, la falta de evaluación de los riesgos psicosociales en los diferentes departamentos o la falta de formación de los trabajadores en materia preventiva, fueron los elementos denunciados por CCOO que fueron objeto de la actuación inspectora.
Ante la falta de actuación por parte de los responsables políticos municipales la inspección de trabajo ha realizado un nuevo requerimiento para que el consistorio adopte medidas antes del próximo 15 de marzo.
En este sentido, el secretario comarcal de salud laboral de CCOO, José Gavilán, y los responsables del sindicato en este ayuntamiento, han mantenido una reunión con el objeto de valorar esta situación, acordando preparar una denuncia ante la Fiscalía Especial de Salud Laboral, en el caso de que se mantengan los incumplimientos por parte de los responsables municipales.
“Nos parece inaceptable la indolencia con la que se está comportando el equipo de gobierno en un terreno de esta importancia y vamos a poner en marcha cuantas actuaciones estén en nuestra mano para que se respeten los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud” afirmaba Gavilán; a la vez que recordaba que su sindicato ha intentado abordar esta situación con los responsables políticos del consistorio en reiteradas ocasiones, pero que estos han rechazado cualquier dialogo al respecto.
Para CCOO el desprecio a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores resulta inadmisible en cualquier centro de trabajo, pero resulta doblemente reprochable cuando este depende de una administración pública que se presupone garante del estado de derecho.
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