“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. Montesquieu
Cuando en el puerto de Algeciras la Guardia Civil decide abrir un contenedor porque tiene indicios de que en él se oculta algo ilegal, corre el riesgo de tener que abonar la carga si resulta que su sospecha era falsa. En este sentido, el dueño de la mercancía tiene que aceptar ser investigado, pero también tiene el derecho a obtener compensación en caso de recibir un perjuicio injusto. Hasta en dos ocasiones en la últimas semanas he formado parte de conversaciones directas en presencia de mi, por otra parte, oronda persona, sobre la misma idea: “Cuidado con ese fulano, su mujer es fiscal…”; y, en otra, un abogado en medio de una negociación privada soltar, como por causalidad sin otra pretensión que la de intimidar, eso “de mi señora esposa es jueza en la sala…”, lo cual te deja el cuerpo como helado pero sin el como. Tiritando. Todo el mundo habla de la imparcialidad judicial, pocos se atreven a cuestionarla, a censurar su objetividad, a medir los perjuicios que puede generar, su insufrible lentitud o el sentido personal variable que puede tener una misma causa en manos de diferentes jueces; no se hace por temor, también porque el simple hecho de que dudar del sistema judicial provoca el desamparo, por pura indefensión, más grande que pueda sentir una persona en este estado de derecho. Pero lo cierto es que la justicia rompe a diario, en procedimientos eternos y que llegan a provocar el delirio de los encausados, cientos de contenedores sin que nadie se haga cargo de los destrozos cuando, por una razón u otra, no es posible demostrar culpas. ¿Es eso justo?
Hechos. Su nombre es Julio, tiene 51 años y actualmente padece de un mal común social muy extendido llamado desempleo. Antes no era así, de hecho fue gerente de los autobuses urbanos de Jerez, Cojetusa, entre 1995 y 2000 y, con anterioridad, del CTSA-Portillo entre 2001 y 2007, una empresa que contaba con 600 empleados, facturaba 35 millones de euros al año y, entre otras actividades, era concesionaria del transporte urbano y de la estación de autobuses de Marbella durante la época en la que fueron alcaldes Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe –como director de Urbanismo estaba el conocido y, entonces, todopoderoso Juan Antonio Roca-.
Su travesía por el desierto comienza el 29 de marzo del año 2006 cuando dos policías de la UDEF se presentan a detenerle en la sede de la empresa ante el personal y le conducen, esposado, a la comisaría de Málaga, donde pensaba prestaría declaración y no mucho más. Pero allí permanece tres días, privado de libertad, en un calabozo pequeño, durmiendo en una colchoneta maltrecha, bajo una manta vieja y mal oliente y con vistas a los barrotes de la celda, incomunicado, sin poder hablar con ningún familiar, sí con su abogado. Al tercer día le llevan a declarar ante el juez de instrucción Miguel Ángel Torres, auténtico creador de lo que considera un enorme maltrato psicológico para él y para la mayor parte de los imputados del caso Malaya. En esta declaración, de treinta minutos, admite lo siguiente: “…Victoriano Rodríguez, concejal del Ayuntamiento de Marbella, exigió a mi empresa el pago de 360.000 euros para renovar la concesión de la Estación de Autobuses de Marbella, lo cual transmití a mis superiores de Madrid, director de operaciones y director general. A la fecha de mi detención dicha cantidad nunca se abonó, ni posteriormente. El juez decretó mi imputación por un presunto delito de cohecho y mi libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros, dinero depositado por mi empresa, y la obligación de comparecer en sede judicial todos los días 1 y 15 de cada mes”. Un mes después, el citado juez aplica el mismo procedimiento con sus dos superiores, quedando también imputados por la misma causa y en libertad provisional bajo fianza de 24.000 euros.
El proceso. A partir de ahí se inicia otro tortuoso proceso, que es la espera para la celebración del juicio oral. En julio del 2007, el juzgado le exige un millón de euros de fianza para cubrir la responsabilidad civil y las posibles multas y, por fortuna para él, su empresa presenta un aval ante el juzgado por dicho importe y evita que le embarguen bienes y cuentas al no disponer de esa cantidad. La operación Malaya ha sido uno de los casos judiciales más mediáticos de cuantos se han celebrado en España, además de por los famosos que en ella han participado como puedan ser los hoy encarcelados Isabel Pantoja, Julián Muñoz y parte de la Marbella del esplendor, por cuanto significó el primer azote real de la justicia contra la corrupción política dentro de la administración pública, con más de cien imputados, con la imagen de un banquillo de los acusados en los telediarios donde decenas de personas, sin entrar a valorar el grado de culpabilidad de cada una, escenificaban la vergüenza de una etapa. Pero no todos eran famosos, ahora el Supremo dice que tampoco culpables pero, durante años, debieron olvidar su condición de anónimos con los consiguientes menoscabos a niveles de imagen y profesión. Cuatro años después, en septiembre del año 2010, comienza el juicio oral, que finaliza en julio del 2012. Durante esos dos años él, como todos, asiste a todas las vistas del juicio que se celebran cada semana los lunes, martes y miércoles, de diez de la mañana a tres de la tarde en la audiencia provincial de Málaga, teniendo que asumir los gastos de desplazamientos, estancias y abogado, que en un juicio de esta magnitud y duración pueden superar los 300.000 euros.
Sentencia. El tribunal dictó sentencia en octubre de 2013, en la que se condenó a Julio a 6 meses de prisión sustituible por multa, por cohecho activo para acto injusto no realizado y al pago de una multa de 105.000 euros y una doscientas treinta y seisava parte de las costas del juicio. En marzo de 2014 se presentó recurso ante el Tribunal Supremo, dictando éste sentencia el 27 de julio de 2015 mediante la cual se ABSUELVE a los tres directivos de la CTSA-Portillo del delito de cohecho. En resumen, de 95 imputados, solo 48 han sido condenados, pero todos han sufrido el maltrato del proceso, las bien llamadas penas de banquillo durante dos años y penas de imagen en telediarios durante nada menos que nueve. A pesar de la alegría que supone que el TS le de la razón, el sabor que le queda no puede ser dulce. ¿Quién compensa nueve años de sufrimiento personal y familiar? ¿Quién afronta los gastos económicos de todo el juicio? ¿Quién redime las oportunidades profesionales perdidas? ¿Quién elimina el rastro de la mala imagen acumulada durante nueve años y que queda pegada a tu nombre en google por siempre jamás? Preguntas que son comunes para muchas otras personas inmersas hoy en interminables procesos judiciales y sobre las cuales no hay respuesta alguna en sede judicial.
Julio de Marco Rodríguez, 51 años, desempleado, residente en Jerez, imputado, condenado y absuelto en la operación Malaya, que además sufre el dedo acusador de quienes opinan, piensan o dicen que seguramente algo haría, esto o otra cosa porque ser imputado es socialmente similar a ser culpable, es solo un ejemplo más de lo mejorable que puede llegar a ser un sistema judicial necesario, a veces muy tirano, esencial como órgano regulador, pero también capaz de hundir a una persona en su plenitud laboral para, al final, absorberle al no poder demostrar su culpabilidad. Y es imprescindible que se investigue y se condene a quien lo merezca, tanto como justo que alguien se responsabilice y arregle o pague los destrozos en estos otros contenedores que son personas y que, una vez abiertos en canal, resultaron no contener mercancía ilegal demostrable dentro.
Bomarzo.
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