El Partido Popular de San Roque muestra su sorpresa e indignación tras las declaraciones realizadas ayer por el imputado alcalde socialista, Juan Carlos Ruiz Boix.
A su salida del juzgado, tras prestar declaración ante el juez en calidad de imputado, por haber impedido en 2013 grabar un pleno, “recurrió de nuevo a su artimaña de culpar al Partido Popular”.
“Desde el PP nos sorprendemos de que el alcalde tenga que estar siempre recurriendo a nosotros. No para de decir que tiene mayoría absoluta y presume de sus 11 concejales, pero ante cada problema que se le presenta, alude al Partido Popular para hacerlo culpable de sus males”.
Esta imputación le ha llegado a Ruiz Boix porque él mismo se la buscó. Fue él quien tomó la decisión de desalojar el pleno. “Perdió los nervios.
Desde la oposición le dijimos que lo que estaba haciendo tenía todos los visos de ser una ilegalidad. Pero él nunca hace caso a lo que le decimos desde la oposición”, precisan desde el Grupo municipal.
Recuerdan que no solo se expulsó de la sesión al policía local que presentó la denuncia, “que además, no es militante del PP, sino del PSOE”, sino que desalojó a toda la sala. “El denunciante era militante socialista, está en un sindicato, es libre y tiene la capacidad de defender sus derechos con el abogado que considere conveniente. Nosotros no nos metemos en el abogado particular que defiende al señor Ruiz Boix en sus causas”.
Vulneración de derechos
El imputado en este caso es Juan Carlos Ruiz Boix, nadie del partido Popular. “Por ello le pedimos que asuma sus responsabilidades, así como aquello que la Justicia le aguarde”.
Desde el PP defienden que el alcalde vulneró un Derecho Fundamental que tienen todos los ciudadanos y debe asumir las consecuencias. “Se las da de transparente, pero está demostrando que no lo es”.
La Justicia, recientemente, ha dado la razón a aquellos que defienden su derecho de grabar un pleno. De hecho, en agosto pasado, el Tribunal Supremo rechazó que se prohíba grabar al público las sesiones de los plenos municipales al considerar que impedir a los asistentes registrarlas podría constituir una censura previa.
La resolución avala que las sesiones plenarias de los ayuntamientos deben ser públicas y que no puede restringirse el derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento salvo en aquellos casos puntuales en los que las sesiones sean declaradas reservadas de forma excepcional y siempre que existan motivos para ello.
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