Campo de Gibraltar

San Roque, Sí Se Puede propondrá hoy al pleno que no haya desahucios

Esta tarde, a las 19.00 horas, sesión extraordinaria en la que se aprobará la modificación del IBI y la plusvalía. El PIVG

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  • Pleno, San Roque -

El alcalde de San Roque ha convocado el pleno ordinario correspondiente al mes de julio. Se celebrará a las 19.00 horas, en el Salón de Plenos del Palacio de los Gobernadores.
En el orden del día figuran, entre otros asuntos económicos, la polémica aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

Moción sobre desahucios
San Roque Sí Se Puede presentará una moción para que San Roque sea declarado como “Municipio libre de desahucios”. Argumentan que “miles de personas y familias se encuentran en estos momentos pendientes de desalojo habitacional. Esto no es solo consecuencia de la crisis económica sino producto de una política regresiva injustificada, que golpea ferozmente a los más humildes y ha llevado que, entre 2008 y 2015, se haya reducido en más del 50% el gasto público en vivienda”.
Así, propondrán la adopción de una serie de medidas, como la creación de una Oficina Municipal Antidesahucios; la retirada de las cuentas municipales de los bancos y sucursales que lleven a cabo desahucios; facilitar asesoramiento jurídico a aquellas familias que, encontrándose en situación de desahucio, lo necesiten; la creación de una red de viviendas sociales para acoger a las familias que, transitoriamente, se hallen en situación de desahucio; e instar a las autoridades económicas y a los interlocutores financieros para que regulen y acepten la dación en pago como extinción de la deuda.

Fondo de Asistencia Social

Otra de las mociones que presentará esta tarde el grupo municipal de San Roque Sí Se Puede propone  la creación de un Fondo de Compensación y Asistencia Social de Servicios Básicos.
Esgrimen que “la larguísima crisis económica vivida en nuestro país está ahondando la brecha de las desigualdades sociales y creando situaciones de emergencia social dramáticas”. Además, recalcan la cifra de parados en San Roque, que no baja de los 4.000: “Son muchas las familias que, en nuestro municipio, se encuentran en una situación de exclusión y emergencia social. Muchos los parados, muchos los que cobran salarios de miseria, pensiones no contributivas, ayudas insuficientes o, incluso, que ya no cobran nada”.
Por ello proponen que mediante ese Fondo, al que habría que dotar de recursos suficiente, el Ayuntamiento asuma el pago de los recibos de luz y agua a las familias en riesgo de corte o exclusión social”.

Moción del PIVG
Por su parte, el Partido Independiente de Valle del Guadiaro (PIVG) presentará una moción sobre la retirada de la placa conmemorativa instalada en el pabellón deportivo del Valle del Guadiaro.
Según el portavoz, Jesús Mayoral, como el alcalde “ya lo controla todo, en la placa conmemorativa instalada en el edificio se describe en la misma que la instalación deportiva ha sido financiada por la Conserjería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía”.
El ex edil de Hacienda explica que “de 1.600.000 euros que será el coste de la instalación deportiva, la Junta de Andalucía solo ha puesto 550.000 euros, el Ayuntamiento, del dinero de los ciudadanos, ha puesto el terreno y otros 550.000 euros”. Señala, además, que el Consistorio ha tenido que poner 100.000 euros más para un suelo especial y otros 450.000 euros para la urbanización exterior y enganches de redes de agua y eléctricas.
El edil del PIVG considera que “lo que debe hacer Boix es reclamar a la Junta de Andalucía todos los millones que debe al Ayuntamiento de San Roque, que parte ya lo ha desembolsado el Ayuntamiento y no nos lo ha devuelto”.
Recuerda que la Junta debe al Consistorio 600.000 euros del centro de salud de San Enrique de Guadiaro y otros 3 millones de euros de los aprovechamientos medios de la Zal. Apunta, por último: “no sé quién tendrá la pelota si la Junta o el Estado pero se cobra a través de la Junta otro 1.500.000 euros de las viviendas de protección oficial, los planes de empleo, los adelanta el Ayuntamiento y cada vez recibimos menos de ayudas”.

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