La oficina del Defensor del Pueblo español ha remitido un escrito en el que da la razón al Ayuntamiento ante “el uso desmesurado del derecho a presentar peticiones de información” por parte de la Asociación Defensa Ciudadana Activa (DCA). Entre otros argumentos, el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, señala que “la función pública no alcanza a dedicar los escasos recursos disponibles para atender en exclusiva o principalmente a un ciudadano o asociación”.
Este escrito se remite a una queja presentada por Defensa Ciudadana Activa ante el Defensor del Pueblo el pasado mes de julio, en la que dicho colectivo protestaba por una supuesta falta de respuesta por parte del Consistorio a varios de sus escritos. Al conocer esta queja, desde la Secretaría General del Ayuntamiento se envió al Defensor del Pueblo información al respecto.
“Esta Institución -se señala en el escrito firmado por Fernández Marugán- toma nota de la información facilitada por ese Ayuntamiento y muestra su conformidad con el criterio sobre el uso desmesurado del derecho a presentar peticiones de información”.
“Ya en el mes de abril pasado -continúa el texto- no fueron admitidas a trámite tres nuevas quejas presentadas por el interesado, en las que exponía que esa Entidad local no había contestado otras tantas solicitudes de información y de actuaciones sobre determinados aspectos municipales, a pesar de haberse reiterado cada una de ellas”.
“En el escrito de no admisión a trámite que el Defensor del Pueblo envió al interesado -añade el escrito- ya se le hizo ver que la Asociación había presentado en los últimos meses diez quejas ante esta Institución, y que de varias se desprendía que estaba remitiendo numerosas solicitudes de información, denuncias o reclamaciones al Ayuntamiento de San Roque sobre las más variadas materias”.
“También se le indicó -continúa Fernández Marugán- que esta Institución no podía amparar estas prácticas de dirigir solicitudes o denuncias en número desmesurado. Tanto esta Oficina como las Administraciones públicas carecen de medios para tramitarlas razonablemente. La función pública no alcanza a dedicar los escasos recursos disponibles para atender en exclusiva o principalmente a un ciudadano o asociación, pues hay otros muchos casos donde también se pide amparo a esta Institución o se formula solicitudes a las Administraciones”.
“Asimismo se manifestó al interesado -señala el escrito- que aunque las administraciones debían procurar la máxima presteza en atender las solicitudes y denuncias fundadas para solucionar cuanto antes los problemas y carencias, también es cierto que la búsqueda de una Administración trasparente, que atienda las legítimas pretensiones ciudadanas, requiere de todos mesura en el uso de los canales disponibles de petición y reclamación”.
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