La alcaldesa de La Línea de la Concepción ha confirmado que ha ordenado dar traslado a la Fiscalía el caso del llamado “patio de las quinielas” por si fuese constitutivo de infracción penal y que tiene su origen en el estado del mismo y en las actuaciones sin licencia municipal por parte de la sociedad propietaria del mismo.
Este caso arranca con la antigua Corporación Municipal en 2010, cuando se decreta el inicio del expediente para declarar el inmueble en ruina, siendo el propietario la mercantil Zinnia Inversiones, S.L. Se le suma a este inicio del referido expediente por ruina el escrito del Defensor del Pueblo Andaluz que comunica al Ayuntamiento las quejas vecinales por el estado de esta edificación.
La sociedad propietaria presentó un escrito en el que solitaba licencia parcial de demolición. Se le advirtió desde el Ayuntamiento que el edificio está catalogado en el PGOU, por lo que se hace necesario que junto a la petición de demolición se adjutase el correspondiente proyecto de edificación y salvaguarda, tras varios requerimientos esa documentación nunca fue aportada, por lo que nunca obtuvieron la correspondiente licencia.
Con el tiempo se incorpora a este caso informes de los bomberos y de la Policía Local sobre desprendimientos de parte de esta construcción, motivo por el que se ordena que con carácter inmediato se adopten las medidas de seguridad necesarias, sin que ello significase ni por asomo licencia de derribo al faltar el proyecto de construcción por la anteriormente mencionada catalogación del edificio. Se advierte también la necesidad de que esas actuaciones preventivas contemplaran el desescombro, limpieza y desinfección.
Este expediente continúa en agosto de este año, cuando se comprueba que la propiedad derriba en parte la construcción, o lo que es igual, que realiza la demolición parcial que jamás autorizó el Ayuntamiento.
Así las cosas, y ante todo lo relatado, la alcaldesa ha llevado a la Fiscalía este caso, al tiempo que se comunicó al Registro de la Propiedad la resolución que ordena la incoación de un procedimiento de protección de la legalidad urbanística contra la propietaria para que se practiquen los asientos correspondientes.
Paralelamente a estas resoluciones, la alcaldesa decretó el pasado 3 de este mes el inicio de un expediente de orden de ejecución para el cumplimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público del inmueble, debiendo proceder a la ejecución del acordonamiento con urgencia, apuntalamiento del mismo por las dos caras de lo que queda construido y al cerramiento perimetral de la finca con muro de mampostería, además de la limpieza y el transporte del material al vertedero, debiendo las obras llevarse a cabo en el plazo de un mes. Caso de que no haya respuesta por la propiedad, se procederá a la ejecución forzosa y subsidiaria por el Ayuntamiento con cargo al propietario, pudiéndose imponer hasta diez multas coercitivas.
La alcaldesa ha declarado al respecto de todas estas actuaciones en este caso que “ningún propietario puede desobedecer lo que legalmente está ordenado, y menos en apartados de seguridad y salubridad, sin olvidar que lo realizado por la sociedad propietaria nunca contempló aquello que se le exigió en cuanto a la protección del inmueble por su catalogación”.
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