La alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, ha estado este lunes en la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, donde se ha procedido a la firma de la cláusula adicional primera por la que se prorroga el convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Consistorio linense. En este acto de la firma de la continuidad de este convenio han asistido por parte de la Junta de Andalucía el director general de Personas Mayores, Infancia y Familias, Ángel Acuña, y la delegada territorial de esa Consejería, Miriam Alconchel. Tal y como ha hecho La Línea, otros 14 ayuntamientos gaditanos más la Diputación Provincial han suscrito esta renovación. Se destina en global una partida de 890.000 euros a ayudas familiares.
Así, frente a los 817.000 euros que la Junta destinó en 2013, en esta ocasión la cifra sube a los 890.000, que se repartirán entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a saber, Cádiz, Jerez, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Chiclana, Conil, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda.
Tanto Acuña como Alconchel han resaltado la apuesta de la Junta por lo social, como lo demuestra que desde 2012 a la actualidad la partida que la Junta destina a estas ayudas se haya incrementado en un 474%.
Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.
Como ha explicado en el acto el director general, el objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.
La población que puede ser beneficiaria la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.
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