Da la sensación de que no sabemos casi nada. Solo lo poco que al sistema se le escapa, y eso parece suficiente para llenar todos los espacios informativos. Pero me temo que nunca sabremos ni la mitad, me temo que aún y a pesar de todo se esconde lo más grande, me temo que la justicia lenta y mala y condicionada sea incapaz de hacer lo que debería y me temo lo peor, que la ciudadanía termine por validar un sistema corrupto.
Ley electoral. De todas las reformas planteadas por el PP a principios de legislatura se va a llevar a golpe de mazo, o al menos eso parece, una en principio no anunciada y es la relativa a la Ley Orgánica de Régimen Electoral para que gobierne la lista más votada, todo ello en un otoño político que asoma muy erosionado y de lo cual dan constancia estudios demoscópicos de pensamiento urbano. El hartazgo general puede conducir a trasvase de votos hacia extremos, a desequilibrios de porcentajes porque, de pronto, acuden a urnas quienes habitualmente no lo hacían y con ello aumenta la participación y, en consecuencia, las mayorías absolutas pueden salir más caras y eso perjudica a quien encuentra más dificultades para encontrar socios de gobierno. El PP. La gente, insisto, está muy harta; nace y florece Podemos, que en municipales podría cobijarse en Ganemos mientras en la otra orilla asoma un Queremos y, no sé, Pensemos si es conveniente que Votemos a los de siempre o a otros o Participemos, Opinemos y Cambiemos a todos pero, sobre todo, Castiguemos la mala gestión, no Dejemos pasar por alto la corrupción, el todo vale, en la idea de que Logremos disolver este lío porque, en resumen, Podemos. ¿Podemos?
En los pasillos del cotorreo interno del PP se dice que, por tanto, Rajoy no va a dar marcha atrás en su idea de reformar esta Ley y que no lo hará, entre otras cosas, porque en un primer recuento y con la situación de voto actual pueden perder nada menos que 30 municipios de cierta relevancia en todo el país y ese es mucho desgaste de poder. Ante lo cual, lo hará amparado por el artículo 81 de la Constitución, que dice: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral y las demás previstas en la Constitución, para cuya aprobación, modificación o derogación se exigirá mayoría absoluta del Congreso”. Por tanto, primero se aprobará en el Congreso por mayoría simple y luego en el Senado por, también, mayoría simple, para más tarde ser aprobado el texto final en el Congreso por mayoría absoluta y que es exactamente la que alcanzó Mariano zapando brotes verdes. Es una modificación de interés puramente político y lo es tomada solo unos meses antes de las elecciones, lo cual, independientemente de las razones de peso que en otro momento y de otra forma la podrían avalar, la presenta con un tufo difícilmente asumible y más cuando el código de buenas prácticas en materia electoral, de la Comisión Europea, aprobado en 2011, establece, entre otras cosas, que: “…si las reglas cambian con frecuencia, el votante puede sentirse desorientado y no llegar a comprenderlas y pensar que el derecho electoral es un instrumento que manipulan en su favor quienes ejercen el poder”; “se debe evitar la revisión de este sistema poco antes de las fechas de las elecciones -un año-, ya que este hecho puede llevar a pensar que están dictados por intereses partidistas coyunturales”, y aporta como solución que en caso de modificación de la Ley electoral “el antiguo sistema siga siendo aplicable en las próximas elecciones, por lo menos si estas tienen lugar en el plazo de un año, y el nuevo sistema se aplique para los escrutinios ulteriores”. Más claro, agua, y aunque le hacemos caso a Europa en casi todo, seguro que en esto no. Pero si interesada es la posición del PP en este asunto, no lo es menos la de PSOE e IU porque a ambas formaciones la situación actual les viene mejor ante la flexibilidad de pactar entre ellos o con otros o con quien sea y eso me parecería bien si el ciudadano votante conociera de antemano la política de pactos de gobierno de todas las formaciones en base a sus programas y que esto le sirviera como un elemento más para decidir voto, pero no; todos defienden lo que mejor les viene por encima de la sensatez democrática que hoy reclama el ciudadano porque lo importante, según se desprende, es mantener la filosofía del sistema actual.
Exonerar. Eso hizo la Junta con más de un millar de empresas en Andalucía que recibieron ayudas para la formación al empleo y a las que se benefició exonerándolas, que es aliviar, descargar de peso, carga u obligación, de justificar las ayudas recibidas y así poder recibir más subvenciones y cuya resolución no fue publicada en su día en el Boja al “no ser obligatorio”. Tan ricamente. Revisados la mitad de los 8.505 expedientes, el Gobierno andaluz reclama la devolución de 17,4 millones de euros y señala como artífice principal de todos los males a Ángel Ojeda y que, todo hace indicar, ya ha sido nominado para ser el Guerrero en el asunto de formación y ser el expulsado de la casa porque, seguro es, por encima nadie era consciente de nada. El tal Ojeda, desconocido por todos hasta antes de ayer, habría defraudado por encima de los 50 millones de euros, él solito, sin ayuda, como un ciudadano normalito que llega a una ventanilla de la Junta y sin conocer ni estar en contacto con nadie se lleva un montón de millones de euros para su cuenta por la jeta. Europa puede exigir la devolución de cerca de 300 millones de euros a la Junta por toda esta trama y, mirando atrás y haciendo memoria, uno recuerda casos como el de Gadir Solar, afincada en Puerto Real y del grupo Aurantia, que ahora debe devolver la subvención que recibió por una ayuda socio laboral de cerca de un millón de euros y que tras inaugurar en 2009 solo estuvo activa tres años para recibir durante ese periodo nada menos que 25 millones de euros en ayudas mediante incentivos, créditos sin interés y subvenciones. Al frente de aquello estaba un perfectamente trajeado José María García Ventús, muy conocido en determinados sectores políticos del partido provincial y que en Sanlúcar llegó incluso a encarnar a Melchor en la cabalgata como Rey Mago –está comprobado que hoy lo es cualquiera-. Otras muchas empresas también dieron formación en torno al despropósito de Delphi, que ha costado más de 250 millones de euros, y entre ellas incluso un reputado grupo editorial, también exonerado, que tal vez por ello a diario hace la ola según a quién y que, en fin, disfrutó ampliamente de aquellos años opulentos.
Y con esta constante lluvia fina uno intenta ser cívico, pagar sus impuestos, guardar cola con respeto en el súper, usar las papeleras, ser solidario con el modelo social a pesar de la letra pequeña que el contrato esconde, no enfadarse cuando separan a tus hijos de centro escolar o porque no hay plazas o cuando te la dan en Siberia, ni cuando cae en la cuenta de que trabaja cinco meses al año solo para pagar impuestos y, a pesar de ello, cada día tiene peores servicios, y estar sereno cuando a diario se alimenta de la basura informativa incesante e indecente que emana de esta tierra, ejemplo nítido de lo que el sistema esconde.
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