Agaden y la delegación comarcal de APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) han iniciado una campaña de sensibilización al respecto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana "o comúnmente conocida como Ley Mordaza y de la merma que supone para los derechos de la ciudadanía el que esta ley salga para adelante".
En este contexto han llevado a cabo la acción de poner una cinta en la boca del busto de Federico García Lorca sita en el parque Maria Luisa. "Nos parece que fue una persona representaba la lucha por las libertades en el más amplio sentido de la palabra, y como consecuencia de ello murió fusilado. Animamos a que manifestemos de una forma pública el rechazo a esta Ley mordaza que el ministro de Justicia Sr. Gallardon nos quiere imponer", sostienen.
En Algeciras esperan "llamar la atención a que nuestro alcalde que es a su vez es diputado en el Congreso, para que no vote favorablemente el establecimiento de este tipo de leyes. Su posicionamiento demostrará el talante de nuestro alcalde".
Ambos colectivos consideran que la reforma supone "una profunda reforma del Código Penal, y toca muchos aspectos del mismo. Uno de los objetivos de esta Ley Mordaza, es castigar a los ciudadanos y sobre todos aquellos que se movilizan contra las políticas de las instituciones públicas que van contra los ciudadanos, o simplemente defiende sus derechos laborares ante los empresarios. Esta nueva Ley lo que instaura es una represión que algunos denominan de baja intensidad, al quitar del Código Penal muchas faltas y pasarlas a la legislación administrativa. Con ello lo que se persigue es quitar la tutela del Juez y pasar la tutela a la Administración que será juez y parte en los procedimientos sancionadores. Y todo ello con un importantísimo incremento en el importe de las sanciones. En pocas palabras pretenden asfixiar económicamente aquel que ose oponerse a los designios del poder establecido. Yendo contra a lo que más duele a la mayoría de los ciudadanos, al bolsillo".
"En resumen, el poder ejecutivo se dotaría de amplios poderes sancionadores para ejercer la represión política y económica, contra los ciudadanos y los movimientos sociales, ensalzando su poder punitivo. Todo ello acompañado de una ley de tasas que somete la revisión judicial de la actividad punitiva del ejecutivo al pago de unas cantidades que en ocasiones igualan la cuantía de la sanción impuesta o es superior. Poner una pancarta o hacer un acto solidario de apoyo, puede suponer una grave infracción de la nueva reforma….", añaden.
"Si unimos esta reforma la que está programando para el Poder Judicial, para amordazar al mismo, nos encontramos que se está instaurando un régimen de un fuerte carácter autoritario", concluyen.
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