El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denuncian que "desde hace varios meses los Juzgados de Cádiz y su provincia están sufriendo la mala gestión que se venía realizando por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y, en concreto, de la Secretaria Provincial de Cádiz. Por parte de la Junta de Andalucía se ha tomado la decisión de no cubrir las bajas de enfermedad hasta transcurridos tres meses así como otras vacantes que se produzcan, salvo las producidas por bajas maternales".
Esta situación, indican, "está provocando que el Juzgado de lo Penal nº 4 de Algeciras, que conoce, con carácter exclusivo, el enjuiciamiento de las causas instruidas por los Juzgados de Violencia sobre la mujer, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asumiendo también, con el mismo carácter de exclusividad, el enjuiciamiento y fallo de los delitos de quebrantamiento de condena, de medidas de seguridad o de medidas cautelares relacionados con el ámbito de la Violencia sobre la Mujer. Este Juzgado extiende su jurisdicción a los partidos judiciales de San Roque, Algeciras y La Línea de la Concepción".
Este Juzgado, a día de hoy, "se encuentra funcionando con dos funcionarios menos. Desde principios del mes de enero una funcionaria del grupo de Auxilio dada de baja por riesgo en el embarazo, desde mediados del mes de enero otra baja por idéntico motivo, aunque esta última desde el pasado 12 de febrero se convirtió en baja por maternidad, y sin embargo hasta el pasado 27 de febrero ha sido cuando la Secretaría General Provincial de Justicia e interior nos ha convocado para el próximo día 5 de marzo para la Comisión en la que se llevará a efecto el nombramiento de interino, veinte días después de haberse producido la baja por maternidad, y mucho nos tememos que únicamente se procederá a la cobertura de esta plaza. Además la semana pasada también fue intervenido quirúrgicamente el otro funcionario del grupo de Auxilio del Juzgado, aunque esta última incapacidad temporal se prevé corta, ha venido a poner más de manifiesto, si cabe, la situación de colapso que vive este Juzgado".
El Consejero de Justicia ante el Parlamento el pasado 19 de febrero manifestó: “Que la ejecución de las resoluciones judiciales es una de las asignaturas pendientes pero faltan jueces (problema común en España con respecto a Europa). El caso de Mari Luz no puede darse ahora porque hay una base de datos común (los órganos judiciales penales están interconectados en Andalucía).”
"Lo que parece desconocer el Consejero de Justicia, que quién tramita los procedimientos y las ejecuciones somos los y las funcionarios y funcionarias que trabajamos en los mismos, quienes anotamos en los Registros también somos nosotros, y que difícilmente pueden funcionar si al poco personal que tiene asignado él órgano judicial le unimos que las bajas de incapacidad temporal y otras vacantes no se cubren", alegan.
"No puede ser que las funcionarias que actualmente prestan sus servicios en dicho Juzgado trabajen por las tardes e incluso sábados para intentar sacar adelante un trabajo que es absolutamente imposible llevarlo a cabo", sostienen.
Por todo ello y "en aras a evitar que la situación de colapso llegue a descontrolarse totalmente (situación idéntica a la que originó el tristemente conocido caso Mari Luz, cuyo Juzgado llegó a esa situación de descontrol por la crítica situación de colapso que padecía)", este sindicato denuncia estos hechos "para que se proceda a dotar a los Juzgados del personal suficiente para desarrollar su trabajo con la eficacia que le es exigida".
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