Andalucía cuenta con 19.532 personas con un problema grave de salud mental con un grado de discapacidad igual o superior al 75 % (11.841 mujeres y 7.691 hombres). según ha informado hoy la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Sánchez Rubio, que ha inaugurado hoy el congreso 'Salud Mental y Justicia Social'. organizadas por Feafes (Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) de Salud Mental, una asociación que representa a más de 18.000 personas en Andalucía y agrupa a 17 asociaciones.
En su intervención, Sánchez Rubio ha destacado que tras la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales, Andalucía reforzará la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios de atención primaria y especializada "con especial atención al área de salud mental, para el diseño de paquetes de servicios integrados que den respuesta a las necesidades de atención social y sanitaria de la población de referencia".
"En Andalucía, en las últimas décadas, hemos desarrollado y fortalecido el Estado de Bienestar, siendo pioneros, en multitud de ocasiones, en la extensión de derechos sociales. Hemos dejado atrás la beneficencia, pasando a ofrecer derechos subjetivos exigibles por la ciudadanía, tal y como se contempla en la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, aprobada en 2016, la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción Social, que entregó en vigor el pasado 1 de enero o la nueva Ley andaluza de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad", ha subrayado.
Ha recordado que "la Ley de Servicios Sociales es una norma que reconoce una amplia relación de derechos, como el de la persona a decidir su propia intervención y a disponer de un profesional de referencia, así como a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar".
"Es una Ley centrada en la ciudadanía, a la que empodera, garantizando el derecho subjetivo y universal de todas las personas a prestaciones y servicios sociales", ha resaltado.
Por otra parte, Sánchez Rubio ha recordado que por primera vez en este país, una Ley (como la andaluza de Discapacidad) reserva plazas para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal para personas con enfermedad mental, así como en los cursos de formación para el empleo.
En lo que respecta a la nueva Renta Mínima de Inserción Social, Sánchez Rubio ha destacado que "este nuevo modelo de atención y cobertura social, basado en criterios de universalidad, se establece como una prestación garantizada y como derecho subjetivo, concibiéndose como medio e instrumento para la inserción social y laboral en la lucha contra la pobreza".
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