La sociedad Cádiz 2000 ha pedido ampliación de plazo al Tribunal de Cuentas para alegar a la apertura de las diligencias preliminares de ordenación planteada por el Tribunal de Cuentas, según ha podido confirmar este medio, antes de emitir el recurso de reposición.
En la respuesta a la denuncia planteada por el grupo del Partido Popular, el Tribunal de Cuentas justifica que se abren estas diligencias “vistos los antecedentes de los que pudieran derivarse responsabilidad por alcance”, por lo que se conceden cinco días tanto al Ministerio Fiscal como al representante legal de la Sociedad Municipal de Fomento Económico Cádiz 2000 SA para que aleguen sobre la procedencia de acordar el “nombramiento del instructor o sobre el archivo de las actuaciones”.
En la denuncia presentada por los populares se habla de una serie de irregularidades en el proceso de remunicipalización. En concreto, hacen referencia a “la actuación unilateral y arbitraria del concejal de Podemos, Álvaro de la Fuente”. Ponen como caso que el “presidente del consejo carece de facultades para adoptar dicho acuerdo. Actuación unilateral del presidente”.
Asimismo, añaden que “no existe acuerdo ni del consejo de administración ni de la Junta General de la sociedad constituida como tal". A lo que agregan que “no consta razones de eficacia o de medios técnicos que justifique dicha actuación unilateral del presidente de la sociedad". No consta expediente económico financiero con carácter previo que cuantifique los costes del proceso de remunicipalización, y que garantice el crédito suficiente y las transferencias periódicas a dicha sociedad. Tampoco constan las modificaciones presupuestarias al efecto, entre otras denuncias del PP.
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