La palabra es indignación, quizás desesperación. Los padres y madres del alumnado del Instituto Psicopedagógico Constitución 1.812 de Cádiz, antiguo Afanas Cádiz, ya no saben qué hacer para que desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y más concretamente desde Agencia Pública Andaluza de Educación, Apae, tomen cartas en el asunto y les ofrezcan una solución al caos que se ha convertido el servicio de transporte contratado desde enero del presente año.
“Es un servicio deficitario, inseguro, precario y a todas luces inadecuado”. Así lo recoge un escrito remitido a ecuación y que está firmado por 26 padres y madres, así como tutores legales con el apoyo “total y absoluto” del equipo directivo del centro educativo mencionado.
Todo se remonta a enero de 2017 cuando logró la concesión del servicio de transporte del alumnado para las rutas de San Fernando-Cádiz y Puerto Real-Cádiz, una nueva empresa . La anterior empresa “no había dado ningún problema, estábamos muy contentos con ella”, comenta Angusti Díaz, una madre de San Fernando que tiene en el centro a sus gemelos de 19 años, uno de ellos padece de parálisis cerebral severa y el otro está afectado por el síndrome de Asperger.
Puertas atadas con cuerda
Los padres y madres no hablan de minucias. Han denunciado cuestiones vitales para la seguridad como desgaste de las ruedas, circular con un cristal roto, puertas estropeadas que están atadas por cuerdas, cables colgando, aires acondicionados que gotean (y por ello no se ponen en marcha ni en verano), pasamanos tirados por el suelo, plataformas para sillas de rueda “que se salen en cada curva” o “un enorme chirriar de frenos que se escucha a dos manzanas antes de llegar”, amén de “innumerables retrasos por averías”.
De hecho, UGT ya solicitó meses atrás la retirada de la adjudicación del servicio a esta empresa.
Angusti revela que “la inspección de transporte ha ido al centro, sabemos que ha recibido sanciones y multas, incluso por la Policía Local, pero ahí sigue a pesar de las numerosas quejas”.
Hace unos días, los padres, en señal de protesta, se negaron a mandar a sus hijos al centro. Esa semana la empresa puso un microbús “en el que no cabían todos, y lo hizo como para callarnos la boca, pero esta semana ha regresado el autobús al que le chirrían los frenos”.
Juan Rovado es el padre de Samuel, un niño de diez años que padece autismo con hipersensibilidad acústica. “Mi hijo se niega a montarse en ese vehículo, alarmado por el ruido”, comenta para añadir que “estamos totalmente indignados porque esos autobuses no cumplen las condiciones mínimas para montar a nadie, cuanto más a nuestros hijos que necesitan unas condiciones especiales y que estén perfectamente adaptados”.
Rovado también se muestra desesperado por los retrasos porque “a nuestros hijos cambiarles la rutina es algo negativo, les provoca estrés”.
“No vamos a parar”
Hablamos de cuestiones muy sensibles por eso “pedimos a la Junta que inste a la empresa que esté en condiciones y que cumpla con los requisitos con los que debe cumplir, y actualmente eso no ocurre, con autobuses antiguos, obsoletos… ¿tiene que ocurrir una desgracia para que esto cambie?, se pregunta este padre que insiste en que “no pedimos nada del otro mundo”.
Estos padres, como Angusti y Rovado, con hijos con necesidades especiales, hacen un esfuerzo a veces sobrehumano para que éstos asistan al sistema educativo y lo que menos necesitan son trabas que provengan a través de la propia administración pública. “No vamos a parar hasta que tengamos un transporte digno”, aseguran. Ya han presentado numerosos escritos colectivos y de forma individual, incluso a través del propio centro o de las monitoras que acompañan a los estudiantes.
“Hablamos de un alumnado que padece distintas discapacidades físicas y psíquicas y no podemos permitir que esto siga ocurriendo”, indica Angusti. La desesperación ahoga la conversación que tenemos en su piso en San Fernando, pero su entereza y su fuerza para seguir luchando es evidente.
Antes de despedirse, mientras esperamos el ascensor, esta madre nos relata, tan indignada como emocionada, que “hace unos meses, como se estropeó la plataforma del autobús, mi hijo, que va en silla de rueda, no podía bajarse y tuvimos que sacarlo por el hueco superior que quedaba, primero a él y luego su silla”. Esa es la situación, esta son sus denuncias y también sus demandas.
“Tanto yo como el resto de padres implicados entendemos que no es lógico el servicio que se está prestando… consideramos que los niños están siendo maltratados física y moralmente”, tal y como reza uno de los muchos escritos remitidos por la propia Angusti a la Agencia Pública Andaluza de Educación, organismo dependiente de la Consejería de Educación de la Junta y responsable de la adjudicación del servicio de transporte, y por lo tanto, según los padres y madres, responsable de que se cumplan los requisitos mínimos por parte de la empresa adjudicataria del mismo.
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