Un decreto de Alcaldía permitirá que las nuevas contrataciones en el Ayuntamiento prioricen aspectos de responsabilidad social frente a cuestiones económicas, favoreciendo así a las “pequeñas y medianas empresas, así como a las de economía social”. Esas cláusulas van destinadas a propiciar la contratación de personas con pocas posibilidades de trabajar, como por ejemplo aquellas personas que les queda poco tiempo para finalizar el periodo de cotización para jubilarse o las víctimas de violencia de género. Para acceder a estas cláusulas será necesario que los beneficiarios cuenten con un informe de los Servicios Sociales que acrediten la situación de exclusión social.
Para la contratación se atenderán asuntos como el lenguaje no sexista, la conciliación del tiempo y otras cuestiones que irán en base al tipo de contrato que se saque a licitación. Esta medida cuenta con el visto bueno del secretario y el interventor municipal, según el alcalde, quien animó al resto de funcionarios a participar en la acción.
A esta opción se sumarán los ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real, siguiendo la estela del Consistorio de Barcelona que ya la ha puesto en marcha. El alcalde, José María González, estuvo apadrinado por Francisco Blanco, director de Contratación administrativa en el Ayuntamiento barcelonés, y de Ignacio Parodi, presidente de una de las empresas más importantes de economía social, que colaboró en la elaboración de la directiva europea referente a las cláusulas sociales.
González manifestó que los ayuntamientos “somos máquinas de contratar bienes y servicios y por ello hay que ponerlo al servicio de la generación de empleo. Los ayuntamientos pueden ser quienes permitan la inserción en el mercado laboral”. Apostó por la colaboración intermunicipal que abogue por el espíritu de la Bahía de Cádiz. Es consciente de que es “un punto de partida y que el camino es largo, que habrá que fiscalizar e implementar la actuación, pero es un primer paso para convertir esta directiva en una ley local que refleje esa voluntad de generar empleo”.
Por su parte, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, pidió que “nos quitemos los complejos y ahora más que innovar se trata de trabajar para que se haga una aplicación efectiva de las cláusulas”.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, Francisco Blanco afirmaba que “se harán concursos públicos prescindiendo del economicismo. Se acabó la oferta temeraria. Nadie va a salir perjudicado solo las empresas que corrompen o se dedican a corromper. De ahí que, por ejemplo, se discrimine a las que perjudiquen los salarios”.
Además de su puesta en marcha es primordial la labor de fiscalización posterior que en Barcelona se realiza a través de un “módulo informático” que realiza un seguimiento de cada uno de los contratos. Asimismo, el alcalde habló de poner en marcha una mesa donde participarán los partidos políticos, sindicatos, empresarios, y tejido asociativo”.
Parodi como representante de las empresas de economía social aclaró que “no somos una varita mágica, pero sí que vamos a dar una luz de esperanza”.
González no se marcó ninguna fecha para la puesta en marcha de estas cláusulas sociales, que irán en función del tipo de contrato que se aborde, pero sí que dijo que se intentará que sea en “un plazo mínimo”.
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