La diputada nacional y exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se ha pronunciado este viernes durante una rueda de prensa sobre la reunión mantenida esta semana entre el equipo de Gobierno y el PP para la aprobación de Bona Social Eléctrica, una iniciativa del equipo de Gobierno que plantea abonar los recibos de la luz a las familias gaditanas a partir de los beneficios de la empresa Eléctrica de Cádiz. Para Martínez "con el bono eléctrico se pone de manifiesto en engaño de Podemos en Cádiz".
Según Martínez, en dicho encuentro el propio alcalde tuvo que recocer que "en Cádiz, a las familias gaditanas sin recursos no se les corta la luz desde hace muchos años", y para justificar esta afirmación ha dado el dato de que la corporación municipal que ella presidía destinó en 2014 más de 470.000 para este fin.
Martínez ha explicado la oposición de su formación a que esta bonificación saga adelante, ya que los populares han pedido información sobre los informes entregados por parte del gerente de Eléctricas de Cádiz porque "en ellos se dice que el coste del Bono Social Eléctrico puede repercutir económicamente en el gaditano que sea cliente de Eléctrica de Cádiz". "El gaditano tiene que saber que ese Bono Social Eléctrico tiene un tope de 400.000 euros cuando con el PP tenía 500.000", ha señalado la popular para afirmar que una vez que las familias pasen ese tope alguien tendrá que asumir el pago.
Así, con estos argumentos , la diputada nacional por Cádiz y exalcaldesa ha subrayado que "no se puede estar en política social tratando de manipular las conciencias de los más desfavorecidos". Y es que Martínez recuerda que existe una acuerdo nacional especificado por ley para que las compañías eléctricas apliquen este bono.
Más reacciones
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha rechazado la forma en la que el alcalde de Cádiz, González Santos, está abordando la tramitación del Bono Social Eléctrico. Según el portavoz popular, le indicó al alcalde en la reunión que “el informe jurídico encargado por Eléctrica ponía en evidencia –entre otras muchas cosas- la posibilidad de que el bono fuera repercutido en el resto de clientes de Eléctrica y que por tanto no podía contar con la aprobación de su grupo. "Respecto al bono en sí le indicamos que lo estudiaríamos, pero con esa base jurídica de un informe tan poco claro nos abstendríamos o votaríamos en contra”, ha matizado el popular.
Así, Romaní ha denunciado que "no es de recibo que tras esa reunión se lance una nota de prensa y una campaña en redes con mentiras y además llevando a cabo la amenaza que me lanzó en dicha reunión, donde me dejó caer que sí no votábamos a favor del bono nos echaría encima a sus círculos" y ha añadido que "el alcalde debería saber a estas alturas que no nos dan miedo sus amenazas. Ya me intentó quemar en la plaza pública una vez, y acabó investigado".
El edil popular ha señalado también que pedirán oficialmente al alcalde que la asesora a sueldo de Podemos en Diputación, Alba del Campo, "deje de enviar a los colectivos que trabajan en la mesa contra la pobreza, tal y como viene haciendo hace meses, mensajes calificando al Grupo Popular o a su portavoz".
Según defienden los populares en un nota "estos colectivos fueron convocados horas después de la reunión entre Romaní y González Santos por Alba del Campo con un correo electrónico en el que –entre otras cosas- la también pareja del asesor y jefe de Gabinete de Alcaldía, miente al igual que hace el alcalde al decir que comunicamos el voto en contra sin más, se atreve a calificar de peregrinos los argumentos que pusimos encima de la mesa o decir que ignoramos los argumentos del alcalde. Todo para ocultar que el informe jurídico no es, ni por asomo, tan favorable al bono como están haciendo ver a los miembros de esa mesa”.
Respuesta municipal
En referencia a las palabras de Martínez, la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha asegurado que existe una “total incoherencia entre lo que el PP dice y hace” puesto que “mientras que la señora Colombo dice que hay que resolver el problema de Servicios Sociales y por extensión de la situación social de al ciudad, horas más tardes anuncian que van a votar en contra de unos de las herramientas importantes para cambiar el modelo asistencialista como es la puesta en marcha del bono social de Eléctrica Cádiz”.
Ana Fernández ha cuestionado las declaraciones realizadas por la concejala del Partido Popular, Teófila Martínez, en las que se acusa al Equipo de Gobierno de “engañar a la ciudadanía”, lo que a juicio de Fernández, “sería todo un hito porque de ser así habríamos engañado no solo a la ciudadanía sino también a todos los colectivos que han participado durante un año en la elaboración del bono y al resto de partidos políticos”.
La concejala ha asegurado que tras estas palabras de Martínez, lo que se esconde es una “gran incoherencia entre lo que dice el PP y hace” porque “con este bono no se habla de dar una cuantía económica a las familias sino de avanzar en el cambio de modelo que aspiramos”. En esta línea, Fernández ha señalado que la situación actual es fruto de la ceguera del PP que durante todos estos años no ha sido consciente de la necesidad de transformar el modelo asistencialista en que a las personas que peor lo estaban pasando entraban en un sistema que les condicionaba una y otra vez solicitar ayudas para el pago de luz o el agua”.
Lo que este bono propone es la garantía de un consumo mínimo, un consumo que ha recordado la edil de Asuntos Sociales, “está basado en un informe del Colegio de de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz” y que avanza hacia otro modelo. Fernández ha recordado que no sólo este Equipo de Gobierno “está pidiendo un cambio en el modelo de Asuntos Sociales, lo piden también los usuarios, los técnicos y las entidades sociales para comenzar a tratar a nuestros vecinos y vecinas como personas autónomas, que puedan tomar las riendas de su vida pese a la situación económica que estén padeciendo”.
Es por esto que ha solicitado al Partido Popular que “reflexione sobre su postura y apoye esta medida. De no hacerlo, tendrán que justificar sus razones a los vecinos y vecinas y no podrán esconderse tras los argumentos económicos”.
Por su parte, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha hecho hincapié en que la puesta en marcha de este bono social no se va a trasladar a los clientes de Eléctrica Cádiz, “eso es una gran falacia del Partido Popular. Los precios están regulados y no se puede trasladar”. Lo que se propone es “que se destine una pequeña parte de los beneficios que tiene la empresa en ayudar a las familias que peor lo están pasando”.
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