A Antonio Fernández le va a salir caro su paso por la Consejería de Empleo entre los años 2004 y 2010. De aquella etapa política en la que ostentó la máxima responsabilidad del departamento bajo los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán le queda como legado un eterno peregrinar por los juzgados para responder por los escándalos de los cursos de formación y, en especial, de la presunta trama de los ERE ilegales. Sólo por el último de esos capítulos ha acumulado en apenas cinco días tres reveses: ver cómo la Junta de Andalucía a la que perteneció le convertía el pasado miércoles en el primer consejero para el que solicita pena de prisión y, como añadido, dos nuevas condiciones de investigado por otros tantos casos de piezas de la macrocausa.
Partícipe o no de aquel engranaje de procedimientos ilegales que se tradujo en el mayor escándalo que persigue a los gobiernos andaluces, Antonio Fernández va camino de ser uno de ser uno de los principales damnificados. Ya fue señalado convenientemente en el grupo de los 26 exaltos cargos de la Junta que según el auto del procedimiento específico, la llamada pieza política, habrían tomado parte con algún grado de responsabilidad en la definición del entramado que se tradujo en prejubilaciones ficticias y ayudas a empresas fuera de todo control.
Sólo por esa primera pieza ya cerrada se le reclaman 8 años de prisión. Hace apenas diez días la cifra se disparó hasta los 28 al solicitar la Fiscalía Anticorrupción que también responda con otros 20 años y 4 meses de cárcel, más la friolera de 44 de inhabilitación para ejercer cargo público, por las ayudas concedidas en su día las empresas Surcolor y Acyco.
El particular calvario de Fernández, que llegó a pasar incluso por prisión y sólo pudo salir de ella abonando más de 400.000 euros de fianza, le ha llevado incluso a presentarse ante la juez Núñez Bolaños como alguien que pasa necesidad y “que no tiene ni para comer”. Poco ha colaborado en su defensa la Administración que en su día delegó en él la responsabilidad de manejar los miles de millones que pasaron por Empleo: ahora la Junta también le pide que cumpla 6,5 años de prisión por la sombra de los ERE.
Semana ‘horribilis’
Ése era sólo el arranque de su particular semana horribilis. Entre el domingo y ayer lunes se conocía que Fernández deberá responder, en calidad de investigado, por las ayudas a más empresas. El primero de los nuevos casos, por las de 6,3 millones que recibió Yogures Andaluces. En el segundo, comunicado ayer, por formar parte del grupo de hasta 29 supuestos responsables, entre ellos dos alcaldes, de canalizar de forma irregular las subvenciones a sociedades de la Sierra Norte de Sevilla, un foco del escándalo.
La lista de Fernández no tiene fin. Los juzgados son ya su segunda casa porque se le acusa en cada una de las piezas en las que se ha desgranado el sumario. Él alega que estar procesado ya en la política impide que lo sea en el resto...
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