Lo que debía ser una solución “coyuntural, temporal, para atender las necesidades de escolarización inmediata” ha resultado ser un una situación sostenida en el tiempo que ha dado a 178 centros educativos públicos andaluces la apariencia de campos de refugiados. Las aulas prefabricadas, conocidas popularmente como ‘caracolas’ han acabado el curso 2015/2016 sin fecha para su eliminación, según denuncia en su informe anual la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz (DPA). Las caracolas han sido instaladas en algunos centros educativos públicos como medida provisional para albergar a los alumnos en el periodo de ejecución de obras de acondicionamiento o ampliación de sus centros de estudios.
El informe del Defensor, Jesús Maeztu, detalla que en el curso que acaba de terminar, han recibido docencia en esas instalaciones, 325 en toda la comunidad autónoma, unos 8.700 alumnos. Y el problema, según explican desde la Oficina del DPA, no es el número de caracolas existentes, que constituyen “un porcentaje muy bajo”, sino que “el nudo gordiano de la cuestión hemos de buscarlo en la perpetuación en el tiempo de su uso”. Y añaden que “algunas de ellas tienen una antigüedad cercana alos 20 años”.
Aunque el informe no proporciona datos segregados por provincias, lo cierto es que sindicatos como Ustea han indicado a este medio que el problema persiste en la provincia. Solo en Jerez hay hasta siete centros con caracolas.
El DPA explica en su informe de 2015 que “son muchos los nuevos centros docentes a la espera del inicio de las obras que, aún comprometidas desde hace años, han quedado paralizadas como consecuencia de la crisis económica”. El Defensor denuncia que “el problema no es solo la ausencia de presupuesto para ejecutar las obras”, porque asegura que existen dichos fondos, “sino la falta de planificación de la Administración educativa para concretar su ejecución e informar adecuadamente a los ciudadanos”.
El informe del DPA apunta a la Consejería de Educación y a las delegaciones provinciales porque estás últimas se escudan en que “el último escollo a superar para proceder a dar comienzo a las nuevas construcciones es la autorización del gasto previsto y la consiguiente disponibilidad presupuestara”, cuando la realidad es que sí existen tales fondos.
Maeztu recoge en su informe su satisfacción por el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de eliminar en 2016 unas 80 aulas prefabricadas, dentro de las actuaciones «prioritarias» del Plan de Infraestructuras Educativas, que prevé 128 actuaciones con un montante total de 107 millones de euros.
La supresión de esas 80 caracolas quedará ya para el curso que comenzará a la vuelta del verano. Ustea reconoce que puede que para el próximo curso pueden que desaparezcan algunas aulas prefabricadas porque “ya hay proyecto de obras en los centrosde San José Obrero y Fernando Quiñones de Jerez” y las obras están próximas a su fin en el IES Caballero Bonald.
El informe anual del Defensor reconoce “la bondad de la medida” de instalar caracolas, pero “teme” que esta inversión económica resulta todavía insuficiente para acabar definitivamente a corto o medio plazo con “un recurso que suscita el comprensible rechazo de las familias y profesionales”, según reza el informe.
Maeztu lamenta que el final de curso haya llegado sin una solución para esos casi 9.000 alumnos que reciben docencia en condiciones de escasa calidad: “resta todavía un número considerable de caracolas que seguirán acogiendo sin una fecha exacta de desaparición a alumnos y alumnas en condiciones que no son las más óptimas y deseables”.
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