El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se ha congratulado de la localización y detención en México del exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, al que le constaba una orden de detención e ingreso en prisión tras ser condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo (TS) a ocho años de cárcel por el 'caso Rilco', una operación "compleja" que se ha visto dificultada por constantes cambios de domicilio.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de su participación en una jornada de trabajo sobre la aplicación en Andalucía del programa elaborado por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), Sanz ha puesto en valor el cumplimiento de la orden de detención, de marzo de 2015, en una muestra de "colaboración internacional y eficacia de los dispositivos policiales".
El delegado, que ha agradecido el "magnífico funcionamiento" y la "eficacia" de la Interpol, ha recordado que "se da cumplimiento a una exigencia de un tribunal que le decretaba ocho años de condena como consecuencia de un procedimiento judicial ya concluido".
"Creo que se ha hecho todo lo posible por indagar en unas circunstancias muy complejas", ha agregado, para exponer que, al parecer, se ha localizado a Rodríguez de Castro después de diferentes búsquedas, pues "ha pasado por diferentes países y utilizaba muchos mecanismos para pasar lo más inadvertido posible", ya que, aunque estaba establecido en México, cambiaba permanentemente de localización, no tenía presencia en redes sociales ni aparecía en ningún sitio, lo que dificultaba su detección.
"Lo importante es que se ha logrado el objetivo y se ha cumplido un mandato judicial para cumplir la condena y la orden de búsqueda y detención de Interpol", ha concluido.
Cabe recordar que, en la etapa del Gobierno del PP, Manuel Rodríguez de Castro fue delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, concretamente desde julio de 1996 hasta febrero de 2001, fecha en la que fue cesado del cargo a petición propia.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo emitía el pasado 11 de marzo de 2015 una sentencia confirmando la condena a ocho años de cárcel impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz el 22 de julio de 2013 por el 'caso Rilco', cuyo juicio se celebró desde el 24 de marzo de ese año y se prolongó durante once días.
Asimismo, el TS le imponía una multa de ocho millones de euros por un delito de fraude en la obtención de subvenciones, estimando de esta manera parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por el PSOE de Cádiz, en cuanto que reclamaron que la sentencia dictada por la Audiencia de Cádiz había omitido la pena de multa ahora impuesta.
El Supremo confirmaba el resto de la condena: seis años de cárcel por delito continuado de malversación de caudales públicos y otros dos años de cárcel por fraude en la obtención de subvenciones públicas. A la pena de cárcel se suman 30 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
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