Portland Valderrivas, el grupo cementero integrado a su vez en FCC, ha lanzado un mensaje claro a las administraciones públicas, en especial al ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra donde se ubica desde 1964 su única fábrica en Andalucía. La viabilidad futura de la planta de cemento ubicada junto a la autovía A-92 depende de que pueda poner en marcha su plan de usar residuos no peligrosos como combustible.
En un acto en la factoría, su director Miguel Ángel Martínez ha evitado decir que la planta se cerraría si no sale adelante el proyecto, que cuenta con el visto bueno ambiental de la Junta de Andalucía. Pero recalcó que la de Alcalá es una de las cinco únicas fábricas de cemento de España, de un total de 33, que no valoriza (es decir, incinera) residuos para usarlos como combustible.
Martínez añadió que si no se permite, por parte del ayuntamiento de Alcalá, la puesta en marcha de las instalaciones de valorización, FCC podría decidir, por ejemplo, que el centro se transforme en una molienda. Necesitaría para ello sólo 20 de los 200 empleados que ahora tiene. Una molienda recibe el clínker, la materia prima del cemento, ya hecho y sólo lo muele para afinarlo. Ahora ese proceso se hace en Alcalá.
Oposición
El directivo, acompañado del responsable de Medio Ambiente de la planta, Pedro Lanagrán, ha recordado que el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, defendió la modificación de la Autorización Ambiental de la empresa aprobada en 2014 por la consejería. Fiscal reiteró en el Parlamento hace un mes, tras ser preguntado por Podemos, que esa modificación, que permite la valorización, se ajusta a la ley aunque reconoció que entiende que no todo el mundo esté de acuerdo con esta tecnología. Portland defiende que quemar residuos contamina menos que quemar coque de petróleo. El precio de los residuos es además más bajo y estable que el coque, lo que le hace ganar competitividad a la factoría e igualarse con el resto de plantas.
La oposición a que Portland incinere residuos como neumáticos, papel y cartón, plásticos, lodos, residuos agrícolas o basura procede de Ecologistas en Acción y colectivos vecinales. Son estos últimos los que han llevado el tema al Parlamento de la mano de Podemos. El ayuntamiento de Alcalá, gobernado por el socialista Antonio Gutiérrez-Limones, estableció hace un año una moratoria para nuevas licencias industriales.
Este veto temporal expira el próximo día 10 de octubre, y por eso el pleno del ayuntamiento que se celebra el jueves día 8 va a aprobar una modificación del Plan Urbanístico (PGOU) para impedir la valorización energética en instalaciones a menos de 2.500 metros de zonas habitadas. En Alcalá hay barriadas a entre 500 y 2.500 metros de la fábrica, además de un centro comercial. Los ecologistas aseguran que Portland podrá quemar hasta 292.000 toneladas anuales, cifra que la empresa niega.
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