Los equipos de tratamiento familiar (ETF) han permitido preservar la integridad de las familias en más del 80% de los casos atendidos, evitando que se tuvieran que llevar a cabo en éstos medidas de protección dirigidas a la población infantil en situación de riesgo y, por tanto, se separase a los hijos de sus progenitores.
Los delegados de Gobernación y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil y Miriam Alconchel, respectivamente, acompañados del director general de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Ángel Acuña, han presentado hoy datos de actividad del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo durante el año pasado en la provincia.
Esta prestación se encuentra coordinada por el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y forma parte de las estrategias de la Junta encaminadas a promover los derechos y el desarrollo integral de los menores en un ambiente familiar normalizado, a la vez que apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños a su cargo.
Para ello, sus intervenciones son básicamente preventivas y tienen una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron.
En la provincia, en 2014, se ha mantenido la capacidad de cobertura del programa, que ha posibilitado la atención en 2014 de un total de 1.385 familias con 2.400 menores, gracias a la firma anual de convenios de colaboración entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y corporaciones gaditanas con competencias en esta área: los ayuntamientos de Arcos, Rota, La Línea, Puerto Real, Algeciras, Sanlúcar, San Roque, Los Barrios, Conil, San Fernando, Chiclana, Cádiz, El Puerto, Barbate y Jerez (todos ellos con más de 20.000 habitantes), así como la Diputación, que presta cobertura a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Dichos convenios van acompañados de una subvención de la Junta que el año pasado fue de más de dos millones de euros frente al millón aportado por ayuntamientos y Diputación.
Con esta inversión se financian los 22 equipos de tratamiento familiar (ETF), formados por 69 técnicos y 16 coordinadores, que se encargan de llevar a cabo el programa y efectuar las intervenciones. Se trata de unos equipos que están integrados por un total de 85 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.
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Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se han adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.
Estas familias y menores participantes en el programa vienen derivados tanto de los servicios sociales comunitarios como del Servicio de Protección de Menores de la Delegación.
Las políticas de protección al menor, “una prioridad para la Junta”
El delegado del Gobierno ha querido enmarcar las actuaciones de los Equipos de Tratamiento Familiar en las políticas generales que lleva a cabo la Junta de Andalucía para la protección y la atención a los menores, y que “son una absoluta prioridad para este gobierno”.
López Gil ha dejado claro que en la actual situación “no caben las palabras, sino los hechos”, y ha recordado que el Gobierno andaluz no solo ha invertido más de 700 millones en actuaciones relacionadas con nuestros niños y niñas entre 2012 y 2015, sino que “destinará solo este año 165 millones a políticas relacionadas con la protección de menores”.
En Cádiz, en los últimos 18 meses la Junta de Andalucía ha puesto en marcha todo tipo de iniciativas para trabajar en esa misma línea. Entre ellas, el delegado ha destacado sobre todo el Decreto de Inclusión, una norma de carácter extraordinario que ya ha dejado en la provincia casi 13 millones de euros.
Además, ha mencionado el Programa de Ayudas Económicas Familiares viene a complementar también el conjunto de acciones para la atención a las necesidades básicas de alimentación de los menores. En 2014, la Junta aportó en Cádiz 891.600 euros, mientras que las corporaciones locales (poblaciones de más de 20.000 habitantes y Diputación) aportaron 262.077 euros.
Otro tipo de acciones destinadas a los colectivos más vulnerables de la provincia son el Plan Concertado, que destinó en 2014 a la provincia un total de 5.949.721 euros a la Diputación y a 15 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, de los que 5.112.144 euros proceden de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad, Salud y políticas Sociales y, el resto, del Estado a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y el salario social, del que 3.695 unidades familiares de la provincia se han beneficiado en 2014 con una inversión 7.550.336 euros.
López Gil también ha recordado que en septiembre, cuando se inicie de nuevo el periodo escolar, más de 1.300 centro públicos andaluces seguirán proporcionando las tres comidas básicas a casi 25.000 chicos. El pasado curso en la provincia de Cádiz, un total de 2.206 escolares gaditanos se han beneficiado del Plan de Solidaridad y Seguridad Alimentaria que complementa el servicio de comedor.
Además, de la mitad de los 24.000 alumnos que se beneficiaron el pasado curso del servicio general de comedores escolares han recibido un 100% de bonificación y no han tenido que pagar el servicio, y si se suman todas las bonificaciones (contando también las que subvencionan un porcentaje) los beneficiarios ascienden al 75% del total.
Los niños también estarán atendidos en verano en este refuerzo alimentario gracias al programa de las Escuelas de verano. En concreto, se han destinado 160.000 euros para dar cobertura a 540 menores de la provincia, además de los programas propios que están poniendo en marcha los propios ayuntamientos y que la Junta apoya.
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