La Junta de Andalucía adeuda a día de hoy alrededor de medio millón de euros a la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad (Fegadi) y unos 50 millones de euros a la Entidad Cermi, es decir, al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que engloba a Fegadi y a todas las asociaciones de personas con cualquier tipo de discapacidad en el conjunto de la comunidad autónoma, unas 700.000 personas con discapacidad en Andalucía.
La denuncia surge tras las asamblea ordinaria y extraordinaria del Cermi que tuvo lugar el pasado 28 de mayo en el Pabellón de la Fundación ONCE en Sevilla y en las que se aprobaron la gestión realizada en 2014, así como las actividades y presupuestos previstos para este 2015. Además, tras las intervenciones de algunos de los representantes de las entidades miembro de Cermi, se adoptó la decisión unánime de acometer acciones que vuelvan a dar a conocer, tanto a medios de comunicación como a la sociedad andaluza, la grave situación económica que atraviesan determinadas entidades de la discapacidad en la Comunidad Autónoma.
Así, Ángel Ginjaume, presidente de Fegadi señala que a pesar de que su federación mantiene los pagos al día, como los de personal o los gastos corrientes de suministros, no pueden acometer una serie de gastos que se le vienen encima, “como un próximo traslado de sede, desde la actual en la plaza de las Tres Carabelas de la capital hacia el Recinto de la Zona Franca o la adquisición de furgonetas adaptadas , por ejemplo”.
El mayor problema, señala Ginjaume, que coincide con la problemática que también arrastra el conjunto regional, reside en “los Centros Especiales de Empleo, que son unas empresas que dan trabajo a numerosas personas con discapacidad y cuyos salarios se pagan entre la misma empresa y la administración, de tal manera que si la administración deja de pagar, la empresa no funciona”.
Medio millón de euros
Existe una serie de programas cuyos retrasos en los pagos imposibilitan que las entidades puedan seguir prestando sus servicios a las personas con discapacidad y sus familias, por lo que en algunos casos se ven obligadas a cerrar sus puertas. Desde Fegadi asumen un importe superior a los 500.000 euros correspondiente a los distintos programas, subvenciones y salarios que dependen de las Consejerías de Educación, Cultura y Deporte; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo e Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Pero no saben hasta cuándo podrán resistir. molero
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