Hace dos semanas comenzó el nuevo curso escolar y como cada año vuelven a ponerse sobre la mesa los logros del sistema educativo andaluz, pero también sus deficiencias e injusticias. CCOO denunció la doble vara de medir que la Junta de Andalucía mantiene respecto a la educación pública y la concertada. Las dos redes se sustentan con fondos públicos, pero no tienen los mismos deberes. Según el sindicato, mientras la escuela pública está obligada a acoger a todos los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una plaza, la concertada no. Muchos de los centros privados subvencionados eluden solicitar a la Administración andaluza la unidad de apoyo necesaria, mientras que la enseñanza pública no puede hacer lo mismo.
En este sentido, la responsable de personal docente de Enseñanza Pública de CCOO en la provincia de Cádiz, Mela Llanera, aseguró que basta con mirar la ratio de alumnos con necesidades educativas especiales de los centros públicos y compararla con la de los centros concertados para darse cuenta de que el volumen de niños con estas características es totalmente distinto en un tipo de centro y otro. Llanera puso como ejemplo al CEIP Carola Ribed de la capital, situado en el radio de influencia de colegios concertados como San Vicente de Paúl, las Esclavas o San Felipe Neri. “En este centro público el número de alumnos con necesidades especiales es muy superior al de los colegios concertados de la zona. Y sabemos de muchos casos de padres que llevan al hijo discapacitado al público y al otro al concertado”, esgrimió.
Según Llanera los centros concertados no pueden negarse a matricular a estos niños pero sí intentan convencer a los padres para que los envíen a la escuela pública esgrimiendo que en ésta están mucho mejor preparados para atender las necesidades educativas del menor.
Este periódico se puso en contacto con el director del CEIP Carola Ribed, José Fernández, para contrastar la afirmación de la representante sindical. El responsable del centro admitió que en su colegio hay muchos niños con necesidades especiales, pero lejos de criticarlo se mostró orgulloso de ello, porque “históricamente este ha sido un colegio muy preparado para atender a estos niños, y especialmente a los que presentan discapacidad auditiva, porque contamos con recursos específicos para ello”. La muestra es que desde los tres años hasta los 12 los alumnos dedican parte de su aprendizaje en adquirir habilidades en el lenguaje de signos.
Carola Ribed tiene actualmente 224 alumnos, de los que 29 requieren necesidades educativas especiales, es decir, un 13 por ciento. En este sentido, es conveniente aclarar que por necesidades educativas especiales no sólo se entiende a los niños que presentan algún tipo de discapacidad, sino también a aquellos que tienen capacidades superiores a la media, problemas relacionados con el déficit de atención, o deficiencias en el lenguaje por ser de procedencia extranjera.
Fuentes de la Delegación provincial de Educación explicaron que en la totalidad de los centros públicos existen recursos (personal) para satisfacer las necesidades educativas de estos estudiantes, mientras en el caso de los concertados reconocieron que no todos cuentan con ellos, aunque en principio pueden solicitarlo.
La propia Delegación advirtió de que el Carola Ribed no es el centro público de Cádiz con más alumnos con estas necesidades, aunque eso sí, los primeros puestos los ocupan los centros públicos. Fuentes de la Delegación de Educación aseguraron que los concertados también tienen entre sus estudiantes a alumnos con deficiencias, pero en cualquier caso son “trastornos más light”, que no requieren de un monitor especializado. Esos están prácticamente en su totalidad en la escuela pública.
Y tiene su explicación. En el concierto se fija una cantidad para tratar los casos de niños con necesidades educativas especiales, pero esos recursos no contemplan a un monitor. En ese caso, el centro tendría que sacar el dinero por su cuenta o bien solicitarlo a la Junta de Andalucía, que estudiaría la petición y derivaría a un profesor especializado si lo considera oportuno y hay suficientes niños para ello. La pescadilla que se muerde la cola.
En 2011 el Gobierno andaluz aprobó un decreto para que todos los centros, incluidos los concertados, reservasen tres plazas por clase para estos niños especiales hasta el final del periodo de matriculación. Hecha la ley, hecha la trampa, según CCOO en estos colegios se disuade a los padres a que matriculen a sus hijos en el público porque será más beneficioso para ellos. La prueba es los cientos de padres que llevan a uno al público y al otro al concertado. El decreto aprobado no se cogía los dedos y garantizaademás que a aquellos alumnos de educación especial que requieran recursos específicos de difícil generalización, se les garantizará una plaza en el centro con recursos humanos y técnicos más adecuados a su demanda. O lo que es lo mismo, los niños buscan los recursos y no los recursos a los niños.
Los sindicatos de la enseñanza pública advierten que la supuesta libertad que tienen los padres a la hora de elegir centro provoca desbarajustes en el sistema educativo pues, según aseguran, hay centros concertados que obvian reclamar la unidad de apoyo para justificar así su rechazo a matricular a jóvenes con discapacidad. En este sentido, los sindicatos llevan tiempo pidiendo a la Junta que promueva una distribución equitativa.
El CEIP Celestino Mutis es otro ejemplo de integración. En sus aulas tiene matriculados a muchos niños de procedencia extranjera, con los que hay que realizar programas especiales para integrarlos y para que puedan adaptarse al ritmo del resto de los compañeros del curso.
Cabe decir que la Constitución, en uno de sus artículos habla de la libertad de enseñanza y del derecho de los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral. No hace referencia en cambio a la educación concertada, un modelo que implantó en 1985 el Gobierno socialista con el objeto de satisfacer una escolarización universal y gratuita.
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