“No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo”. Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu
Según el barómetro del CIS de julio, el 15,7 por ciento de los encuestados opinan que el peor problema de España es la corrupción y al 10,0 por ciento lo que más inquieta es todo el entorno al entramado político. Es muy interesante conocer que, según la misma encuesta, la profesión menos valorada por los españoles es la de juez. El desencanto ante políticos y justicia y la preocupación por la corrupción abonan, por tanto, un terreno en el que los casos destapados centran la atención de una ciudadanía que reclama que caigan sobre ellos todo el peso de la justicia. Se sospecha que juicio y sentencia están politizados, que se benefician los que tienen detrás marcas fuertes como PP o PSOE y se perjudican los sin “padrino”; se intuye que ni la ley ni la justicia es igual para todos, pero lo cierto es que el análisis personal de cada uno suele estar condicionado por la fobia que pueda tener al político o al partido al que el corrupto pertenezca y, por ello, la objetividad suele brillar por su ausencia. Lo grave es concluir en que también la persona que hay en cada juez pueda estar mediatizada y eso condicione su decisión y lo inquietante sería que, además, podamos tener el convencimiento de que por encima de la justicia interviene la política. Eso asusta, mucho, porque recuerda a otras épocas. Visto lo cual, haciendo un ejercicio de objetividad sobre el asunto, traslado hoy a este mi jardín un resumen que solo pretende mostrar de manera clara y sincera la situación actual para que cada cual, de quererlo, concluya, opine y sentencie a su buen entender.
Imputados. El Consejo General del Poder Judicial en 2009 cuantificó 730 causas abiertas, en los diferentes órganos judiciales, por delitos relacionados con la corrupción: prevaricación, malversación de caudales, cohecho, falsedad documental y apropiación indebida son los más recurrentes, mientras que los hechos de corrupción urbanística los más frecuentes. La cifra en 2013 aumentó a nada menos que 1.661. En mayo de 2012 había en España 800 políticos imputados y, de ellos, sólo 22 se encuentran hoy en prisión: cuatro andaluces, uno de Murcia, tres catalanes y catorce de Baleares. Siendo la corrupción el segundo problema que importa más a los ciudadanos, tras el paro, y conociéndose tantos casos, parece a priori escaso el número de políticos encarcelados. En la comunidad valenciana hay múltiples escándalos de corrupción abiertos, pero ningún político en prisión. En las cortes valencianas hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el caso Gürtel y la quinta, la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el caso Brugal. También están imputados hasta cinco ex diputados populares y ninguno en prisión. En Canarias hay decenas de regidores municipales imputados en diferentes casos judiciales, pero sólo está en prisión Dimas Martín, el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), con una condena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos cuando fue alcalde de Teguise. Resulta llamativo el caso de Galicia, donde no hay ningún político en la cárcel; varios de los numerosos implicados en el caso Pokémon, que afecta a PSOE y PP, entraron en prisión preventiva pero ahora están en libertad bajo fianza. Murcia también cuenta con varios casos de corrupción, pero sólo el ex alcalde de Totana está en prisión. En el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, por ahora hay imputadas en torno a las 200 personas, de las cuales sólo el ex directivo de Vitalia, Eduardo Pascual, se encuentra en prisión. En el caso Gürtel, hasta la fecha hay 150 imputados y sólo el ex tesorero del PP Luis Bárcenas está en prisión.
Condenas. El ex alcalde de Fortuna, Matías Carrillo (PP), condenado a 10 años de inhabilitación y multa por un delito electoral y otro de prevaricación por compra de votos en las elecciones 2003, a cambio de puestos de trabajo en el ayuntamiento. El ex alcalde del Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal (PP), tres años de cárcel por 12 delitos de prevaricación urbanística -el fiscal pedía 30 años de prisión y 111 de inhabilitación-. El ex concejal de Urbanismo en el ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos (PP), condenado a dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de fondos públicos -gastó más de 52.000 euros de las arcas municipales en clubes de alterne y casas de masaje-. El ex alcalde de Antigua, Juan José Cazorla (APA), un año y medio de prisión y seis de inhabilitación por delito de cohecho, pidió el pago de 270.455 euros como comisión para agilizar una licencia urbanística. El ex alcalde y siete ex concejales de Ponteareas (PP), condenados a siete años de inhabilitación por delito de prevaricación, cometido con 23 contrataciones irregulares de personal que habían sido interventores del PP en mesas electorales, estaban afiliados al PP y también se incluía un sobrino y una ahijada del ex alcalde. El ex alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), dos años y tres meses de cárcel por dos delitos de prevaricación urbanística -el fiscal pedía 15 años y seis meses de inhabilitación-. El ex edil de urbanismo de Torremolinos, Antonio Romero Gómez (PSOE), un año de cárcel y nueve de inhabilitación por alterar el precio de unas obras realizadas en La Carihuela, presupuestadas en 57 millones de pesetas y por las que el ayuntamiento pagó el doble y el constructor adjudicatario del proyecto pagó parte de una vivienda del edil. Cuatro años de inhabilitación a la ex alcaldesa de El Madroño, María Josefa Rubiano (PSOE), por un delito de prevaricación urbanística al conceder dos licencias de obra en suelos no urbanizable. Josep Antoni Duran Lleida, siete meses de cárcel por fraude de subvenciones y Lluís Gavaldá, un año y medio por malversación por el caso Pallerols, en el que UDC se financió irregularmente a través de las subvenciones de la UE para formación de parados; el desvío de fondos ascendió a 388.484 euros. La ex presidenta del Consell de Mallorca, del Parlament balear y de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, 5 años y 6 meses de cárcel y nueve años y seis meses de inhabilitación por prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento oficial al beneficiar fraudulentamente con una subvención de 240.000 euros a una empresa en la que participaba la ex presidenta mediante un testaferro. El ex alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (CC), a una inhabilitación de cuatro años y medio por la contratación irregular de dos trabajadoras. El ex alcalde de Encinarejo, Miguel Martínez Múrez (PA), a cuatro años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos -se quedó con el dinero de una licencia que cobró en metálico-. El ex alcalde de Gaucín, Francisco Corbacho (PA), a siete años de inhabilitación para cargo público como autor de un delito de malversación de caudales y otro de prevaricación -se apropió de 200.000 euros de los fondos municipales aprovechando la ausencia del interventor municipal-. El ex presidente de Baleares y ex ministro Jaume Matas (PP) se ha visto beneficiado por el TS, que rebajó a nueve meses y un día la condena de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia por tráfico de influencias al beneficiar fraudulentamente con dinero público al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, quien consiguió una subvención de 450.000 euros.
Indultos. El perdón de la condena es el denominado indulto, medida de gracia y de carácter excepcional que consiste en la remisión total o parcial de las pena del condenado por sentencia firme; la otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, teniendo que solicitar el reo arrepentido y existiendo informe no vinculante del tribunal sentenciador y de la fiscalía, sin que el acuerdo del indulto tenga que contener una mínima explicación -según está regulado por una Ley de 1870-; además, hay un indulto especial por el cual el Consejo de Ministros indulta en Semana Santa a un grupo de presos propuestos por cofradías -este año han sido 21-. Desde el inicio de la democracia han sido indultados más de 17.900 ciudadanos: González dio 6.119 indultos en el periodo 1982 a 1995, Aznar 5.900 entre 1996 a 2004, Zapatero 3.208 de 2004 a 2011 y Rajoy lleva 806, sólo en 2012 concedió 434 indultos. Siendo el record el del ministro de Aznar, Ángel Acebes, que concedió en un solo día 1.333 indultos y justificando la medida en el 25 aniversario de la coronación del Rey, el año jubilar y el cambio de milenio. Son más de 200 los políticos indultados desde el año 2.000, sobre los que pesaban condenas derivadas de los diversos delitos de corrupción. El ya ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón declaró hace pocos meses que el Gobierno de Rajoy sólo ha indultado a políticos que no se han llevado dinero a “su bolsillo”, es decir, que no consiguieron un lucro personal a través de delitos de corrupción. De cualquier modo, el actual gobierno ha indultado a Josep María Servitje (CiU), alto cargo de la Generalitat del gobierno de Jordi Pujol, que había sido condenado a 4 años y medio de cárcel por crear un plan para desviar 7,6 millones de pesetas del departamento de trabajo de la Generalitat a empresas afines, el indulto sustituyó la condena por una multa de 3.650 euros. Tomás Gómez Arrabal, ex alcalde del PP de la localidad malagueña de Abdalajís, condenado a tres años de cárcel por 12 delitos de prevaricación urbanística, al haber concedido licencias de obras incumpliendo la ley, logró un indulto parcial al ver reducida su pena a 2 años. El gobierno también conmutó pena a Miguel Escudero, cerebro de la red de fraude del IVA con el caso de la venta de facturas falsas, cuantificado en más de 100.000 millones de euros y un desvío de dinero cifrado en más de 7.000 millones de pesetas, fue condenado a dos años de prisión y el indulto le redujo la pena en medio año. María Dolores Mateos Sánchez, miembro de la ejecutiva del PSOE de Sevilla este, fue condenada en 2011 por malversación de dos vehículos oficiales, el indulto rebajó la condena de tres a dos años. Adoración Pomata Zaplana, del ayuntamiento de Alicante, el indulto rebajó la condena de 2 años y medio a dos años, su delito fue de malversación impropia y otro de falsedad en documento oficial al redactar y conformar tres expedientes falsos para que su ex pareja cobrase el programa de acción social.
Por otra parte, entre las denegaciones de indultos se encuentran la del juez Garzón, condenado a once años de inhabilitación por haber ordenado intervenir las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogado. El secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, condenado por el Tribunal Provincial Popular de Granma (Cuba) a cuatro años de privación de libertad por el homicidio de los disidentes Oswaldo Paya y Harold Cepero cometido en el accidente de tráfico que sufrió el vehículo que él conducía. El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, que solicitó el indulto por la condena a siete años de prisión y diez de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada en el caso Minutas por el desvío de fondos públicos a José María del Nido. Lluis Gavaldá, condenado a doce meses y quince días de prisión por fraude de subvenciones y falsedad en el caso Pallerols, en el que se investigó la falsificación y actuación fraudulenta de unas partidas de la Generalitat entre 1994 y 1999 con las que se benefició a UDC y a sus miembros. Y el más reciente, de Jaume Matas, que pese a la rebaja sustancial de condena que acordó el Supremo pretendió su indulto total.
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