Ondaluz Sevilla TV ha cerrado este jueves su ciclo de debates abordando el espinoso asunto del incremento de la violencia entre los menores, con especial atención al incremento registrado en las relaciones filio-parentales. Un programa que contó con la participación del Defensor del Menor, Jesús Maeztu, además de la educadora del Método Mentoris Costte Franco y la letrada Mónica García, del despacho Isbylex Abogados.
Ni para el defensor ni para el resto de tertulianos el camino más adecuado para corregir esos comportamientos es el endurecimiento de las penas. Según Mónica García, “el simple hecho de castigar porque te haya portado mal no significa que el menor se vaya a reinsertar mejor”. “Aumentar las penas tampoco sirve para nada –continúa- porque lo que hacemos, en vez de reinsertar, que es lo que nos dice la Constitución, es hacer “proscritos” de la sociedad y “son nuestro futuro”.
De otro lado, el Defensor del Menor proclamó la necesidad de dar “muerte al silencio” que todavía impera en este ámbito y decirle a las familias que “ya hay gente que se preocupa de eso, que el sistema está alertado, que los 5.000 casos y sentencias de la Fiscalía General de España nos dice que hay poner manos en el asunto”.
Cabe destacar que, según los datos de la Fiscalía de Justicia Juvenil, el pasado año hubo 493 denuncias, de las que se retiraron un 70%. Por eso, el defensor hace este llamamiento: “Anímense a sacarlo, vengan a nosotros y vamos a atajarlo porque tiene solución”.
Solución que pasa irremediablemente por la educación previa, desde los primeros estadíos de la persona y, una vez surgido el problema, mediante el tratamiento integral con el menor, su familia y su entorno más inmediato. En este sentido, Cosette Franco pone en evidencia el vacío de servicios públicos entre la primera consulta y el momento de la denuncia, por lo que propone aplicar las nuevas técnicas de métodos como Mentoris en la Administración.
Sí aprovechó Maeztu para insistir en su propuesta a la Junta de Andalucía para que se trabaje en la formación especializada de los equipos de tratamiento familiar.
Ante el temor de que los recursos sociales más inmediatos en este ámbito puedan verse afectados por la retirada de competencias a los ayuntamientos a partir del 1 de enero, la subdirectora general de Infancia de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Pepa Vázquez, explicó a Ondaluz Sevilla TV que esos servicios están garantizados y que el gobierno andaluz trabaja ya en una nueva normativa que garantice la financiación suficiente para su mantenimiento.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
