La Diputación Provincial podría verse obligada a devolver las polémicas tasas por vados que cobró años atrás en distintas urbanizaciones de la ciudad con efecto retroactivo. La plataforma que se movilizó en Jerez contra estos cobros ha visto renacer sus esperanzas tras comprobar que los juzgados de lo Contencioso Administrativo ya están otorgando la razón a otros colectivos similares, como el de Sanlúcar, que se movilizó con idéntico motivo.
La institución provincial pasó al cobro las tasas por vados correspondientes al periodo comprendido entre 2006 y 2009, valiéndose para ello de una serie de inspecciones a las cuales no dan validez los juzgados. Según uno de los portavoces de la plataforma, Manuel Cazorla, se dieron casos tan llamativos como el de pretender cobrar vados con efecto retroactivo en urbanizaciones que ni siquiera se habían construido, como ocurrió en Pozoalbero, cuyas escrituras se firmaron a finales de 2007.
El caso es que los propietarios afectados debieron hacer frente a esas tasas -que oscilaron mayoritariamente entre 900 y 1.000 euros en cada caso- al tiempo que iniciaron las reclamaciones por vía judicial. En algunos casos, la Diputación llegó a embargar algunas pensiones de jubilación para cobrarse las tasas; y en otros se reclamaron estas tasas a personas mayores que ni siquiera tenían vehículo.
Según Cazorla, alrededor de trescientos propietarios se sumaron a las iniciativas de la plataforma ciudadana. En el supuesto de que el caso de Sanlúcar siente precedente, la Diputación Provincial se vería obligada a devolver el importe cobrado, más los correspondientes recargos e intereses.
Los vecinos que mostraron una mayor beligerancia en este contencioso estaban localizados en urbanizaciones de la Ronda Este, La Marquesa, El Pinar, La Pita o La Milagrosa, entre otras. “En su día se hizo un cálculo de cuánto debía devolver la Diputación y eran bastantes miles de euros. Ahora queremos reunirnos con la alcaldesa y que nos aclare qué se va a hacer”.
“Con un rebaje ya había que pagar”
Manuel Cazorla recuerda que “hace unos cinco años” los vecinos empezaron a advertir que algunas personas “hacían fotografías” de las viviendas para demostrar que existían rebajes ante las mismas, algo por otra parte a lo que obliga el planeamiento urbanístico con independencia de que se tenga o no vehículo.
“Por el mero hecho de tener un rebaje te obligaban a pagar, pero además con efecto retroactivo, cuando había gente que ni siquiera tenía coche”, explica. Cazorla advierte de que se produjeron “incongruencias fuera de lo normal”, con el único objetivo de incrementar la recaudación, a la que Diputación accedió tras un acuerdo con el Ayuntamiento.
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