Luego de que VIVA destapara el pasado 18 de mayo que el concejal de Playas, Antonio Espada, había tenido que declarar en febrero de 2014 como imputado por un posible delito de malversación de caudales públicos, porque su empresa de materiales de construcción habría facturado al Ayuntamiento 675.982 euros, aunque por concurso público solo le correspondían 404.413, la alcaldesa, ahora en funciones, Ángeles Muñoz, restó importancia al asunto, dijo que era “antiguo” y vaticinó que el proceso sería archivado, pero el pasado 23 de mayo la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Beatriz Fernández, dictó una providencia por la que llama a declarar al Interventor municipal como testigo. Según ha podido saber este rotativo, la Acusación, ejercida por el PSOE local, con esta citación, espera poder aclarar qué facturas de las recabadas se corresponden con los concursos públicos y cuáles no. Inicialmente, la magistrada rehusó llamar a declarar a la alcaldesa, Ángeles Muñoz y al coordinador de Hacienda, como demandaba la Acusación, que confía en que, tras la comparecencia del Interventor, el desarrollo del proceso pueda dar un vuelco considerable en ese apatado.
Otra cuestión llamativa es que, como consecuencia de las últimas elecciones y habida cuenta que es más que presumible un cambio en el Gobierno de la ciudad, el Ayuntamiento, que, paradójicamente y pese a ser la parte perjudicada, ahora paga con fondos públicos y ejerce la defensa del imputado Antonio Espada, bien podría cambiar su postura y pasar a ser acusación.
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