El número de imputaciones por el supuesto fraude a la Seguridad Social que investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, y cuya cuantía asciende por el momento a 1.624.140 euros, alcanza a unas 585 personas, de las que 40 de ellas ya han declarado y están en libertad con cargos. Mientras tanto, continúan las diligencias en esta causa con imputados de distintos puntos del país.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que detallan que en las últimas fechas el juez ha imputado a unas 200 personas que tienen relación con una cooperativa cordobesa, que se investiga en el caso, en el que hasta ahora no hay ninguna persona en prisión, de las 585, entre las que se encuentran gerentes y asesores fiscales.
Asimismo, la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado en fechas recientes el auto de imputación sobre las cerca de 400 personas que fueron imputadas en el inicio de la causa, con el fin de evitar que prescriban los delitos ante el tiempo en el que se pueda prolongar la instrucción del procedimiento.
Al respecto, desde el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba han solicitado a la Junta de Andalucía un funcionario más de apoyo para respaldar la labor en el caso, que en estos momentos lleva otro funcionario de apoyo que se pidió al Gobierno andaluz a finales del año pasado, al tiempo que requieren de un sistema de notificaciones vía telemática que está en fase experimental en otros juzgados de la provincia.
En este sentido, las empresas que se investigan son cordobesas y entre los imputados, alrededor de unos cien son de fuera de la provincia de Córdoba, concretamente de Mallorca, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Sevilla, Toledo o Barcelona, entre otras. Hasta el momento son más de 1,6 millones de euros supuestamente defraudados por los imputados, en su mayoría perceptores de prestaciones "indebidas" de desempleo a través de los servicios de empleo.
Las diligencias previstas se iniciaron en enero del año 2012 a raíz de una denuncia de la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social, pero la supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició en el mes de marzo del año 2009, según informó a finales de noviembre del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En concreto, el presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales.
Aunque la investigación ha dado lugar hasta el momento a la identificación de unos 585 imputados, aún quedan pendientes diligencias en relación a este supuesto fraude, con supuestas devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización.
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