La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado nuevamente a declarar como imputados este lunes a los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, todo ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara la imputación de ambos y pidiera a Mercedes Alaya que dictara una nueva resolución donde expusiera con "mayor precisión" los hechos que les atribuye.
Estas declaraciones se celebrarán después de que la juez rechazara la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción para que fueran suspendidas, al entender que esta parte de la investigación debe ser elevada al Tribunal Supremo "atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas" en el auto de fecha 18 de diciembre de 2013, como son los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros de la Junta, todos ellos aforados.
Cabe recordar que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla anuló la imputación de ambos exaltos cargos argumentando que "no se estima que, a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso analizado, el auto directamente apelado se ajuste a las exigencias que el derecho a una tutela judicial efectiva y de defensa harían deseables en la llamada al proceso" de los recurrentes.
Tras ello, la magistrada dictó un auto, consultado por Europa Press, en el que reproduce a ambos la imputación que les fue leída "detenidamente" de manera previa a su declaración judicial y los cita nuevamente a declarar este lunes "con el fin de colmar la exigencia de sus derechos de defensa", tal y como hizo en su día con la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
LA "RESPONSABILIDAD" DE MAGDALENA ÁLVAREZ
Asimismo, y en virtud de lo acordado por la Audiencia Provincial de Sevilla, la instructora dejó sin efecto las fianzas de responsabilidad civil de 46,6 y 1 millón de euros impuestas en su día a Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, respectivamente, dejando en este sentido sin efecto "cuantas diligencias se hubieren acordado en orden a asegurar la fianza señalada".
La juez Alaya indica que, al término de las declaraciones, se celebrará una comparecencia "para decidir, en su caso, la adopción de dichas medidas".
En el auto, la magistrada asevera que "la responsabilidad de introducir el crédito de transferencias de financiación al IFA en el presupuesto de la Consejería de Empleo, para después ser aplicado a otorgar subvenciones, sería entre otros" de los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, así como de los exdirectores generales de Presupuestos imputados.
"OTORGAR SUBVENCIONES AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO LEGAL"
"Máxime, cuando en la Consejería de Hacienda se elaboró el presupuesto de IFA, reflejando indebidamente gastos que no se iban a producir, pues lo que la agencia realizaba eran pagos por cuenta de la Consejería, los cuales quedaban compensados con las transferencias de financiación, encubriendo al Parlamento el destino final que realmente quería dársele: otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal", añade Alaya.
Centrándose en Aguilera y Lozano, dice que los "indicios" apuntados contra ambos "parten no sólo del dato objetivo" de que han ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos, sino también del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010.
Argumenta la juez que, analizando dicho informe y el deber de analizar los programas y en concreto el programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles', su conclusión es que "reiteradamente desde el 2002 al 2009 --siendo Lozano director de Presupuestos y Aguilera jefe del servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria--, se incluyeron por parte de la Consejería de Hacienda créditos para transferencias de financiación del programa 31L, cuando en realidad se conocía indiciariamente que iban a destinarse inadecuadamente a subvenciones sociolaborales que otorgaría la Consejería de Empleo".
Es decir, "año tras año la Consejería de Hacienda, presuntamente, tuvo que conocer que el objeto del programa 31L era la concesión de subvenciones, que estas eran otorgadas por la Consejería titular del programa y no por el IFA/IDEA, que hasta 2007 no adquiere potestad subvencionadora, y que las mismas se otorgaban a través del uso inadecuado --como fuente de financiación-- de las transferencias de financiación, pues las mismas sólo están destinadas a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas".
"ALARMANTE ILEGALIDAD"
Todo ello "se recoge en múltiples leyes emanadas del Parlamento andaluz", alega la instructora, que asevera que la fase de elaboración presupuestaria "originó indiciariamente consecuencias de alarmante ilegalidad", ya que en la fase de ejecución presupuestaria "lo que debían ser subvenciones no se tramitaban por su procedimiento legal y no se fiscalizaban como tales subvenciones, sino como meras transferencias de financiación a IFA/IDEA, que eran las partidas que se habían presupuestado".
Todo ello, según Alaya, "degeneró en una absoluta falta de control sobre los beneficiarios, sobre las cantidades dispuestas y su destino, además de un oscurantismo total para el común de la ciudadanía", pues "no existía publicidad de tales subvenciones, no existían bases reguladoras y en cambio se producía un incremento año tras año del déficit presupuestario de la Consejería, pues IFA/IDEA adelantaba los compromisos de pago de la misma, que crecían en muchos casos por criterios ajenos al interés general".
La juez recuerda, por último, que el informe de los peritos de la Intervención General del Estado ya expuso que la Dirección General de Presupuestos, "a cuyo frente" se encontraba Lozano, "no impidió, en uso de sus atribuciones, la consignación improcedente de las partidas presupuestarias de transferencias de financiación a IFA/IDEA en el programa 31L de la Consejería de Empleo, primero en el anteproyecto, luego en el proyecto, y finalmente en la Ley de Presupuestos", lo cual "posibilitó su indebida aplicación a la concesión de subvenciones por dicha Consejería".
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