Una absolución, siete condenas --una de ellas no es firme aún--, una sentencia pendiente de dictarse, más de 100 procedimientos judiciales en distintos momentos procesales y un permiso penitenciario paralizado hasta que se resuelva el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción. Esa es la situación jurídica del exasesor urbanístico de Marbella (Málaga) y principal condenado por la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca.
Roca lleva en la cárcel más de diez años y esta pasada semana ha recibido su primera sentencia absolutoria en un gran caso, como es el denominado 'Goldfinger', porque versa sobre la operación urbanística y financiera realizada sobre los terrenos donde estaba el chalé del actor Sean Connery, protagonista de esa película, y su mujer en Marbella, los cuales no han sido juzgados.
Una absolución que aún no es firme, ya que las acusaciones están en plazo de recurrir la sentencia y estudian si hacerlo al haber "abundante" prueba en esta causa como para condenar. Tampoco la última condena que tiene Roca es firme, la de la desaladora de Marbella, en la que se le impuso un año y medio de prisión por un delito de malversación, ya que su defensa ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo, según han señalado a Europa Press fuentes judiciales.
El principal condenado por la corrupción en Marbella espera una sentencia por el caso 'Pinillo', también sobre una operación urbanística, y de los más de 100 procedimientos pendientes en los juzgados, algunos se están archivando por prescripción, han precisado fuentes judiciales.
Pero sí tiene otras seis condenas firmes. En el caso 'Belmonsa', Roca aceptó en 2008 una pena de nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, tras reconocer los hechos en los que el fiscal le acusaba de intervenir para favorecer los intereses urbanísticos de la entidad Belmonsa.
En abril de 2009, el Supremo dictó sentencia en el caso del juez Urquía y confirmó la condena a Roca por cohecho, aunque le impuso una multa de 36.900 euros o 15 días de prisión en lugar del año de cárcel al que le condenó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El exgerente de Urbanismo reconoció que había dado dinero al magistrado a cambio de trato favorable en un asunto judicial.
En 2010, el Supremo confirmó la pena de seis años y diez meses de prisión impuesta a Roca por la Audiencia Nacional en el caso 'Saqueo I' y en febrero de 2016 le impuso otros tres años por el 'Saqueo II', que ya es firme también. En ambas causas se le condena por delito continuado de malversación en relación con el desvío de fondos del Ayuntamiento a las sociedades municipales desde 1991.
En 2013, el TS dictó sentencia sobre el caso 'Minutas', juzgado en la Audiencia de Málaga, y le impuso tres años de prisión por un delito de malversación por pagos a una empresa sin que existiese contrato que acreditara la realización de trabajo alguno por parte de dicha sociedad en el ámbito de la fiscalización del Ayuntamiento marbellí.
La principal condena de Roca, de 17 años de cárcel, es por el caso 'Malaya', en el que fue condenado por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación. En esta causa, tanto la Sala de Málaga como el Supremo confirmaron "la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por Juan Antonio Roca".
La Sala apuntaba a que el resto de los entonces concejales se aquietaban "a los tejemanejes del señor Roca" y describía cómo las licencias y actuaciones urbanísticas se concedían en reuniones previas entre el principal acusado y los cabeza del gobierno local --Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y Carlos Fernández (fugado)--, a los que entregaba sobres con dinero a repartir entre los restantes ediles". Era Roca también el que "requería a los empresarios" el pago de cantidades para satisfacer sus intereses urbanísticos".
Todas estas seis penas suman 30 años y siete meses de prisión y sobre cinco de ellas --'Saqueo II' aún no era firme en ese momento-- la Sala de Malaya realizó una acumulación y fijó la pena máxima a cumplir en 20 años, máximo legal establecido, al aplicar el triple de la más elevada --siete años por blanqueo de capitales--, ya que todas se referían a hechos realizados cuando desempeñaba las funciones de responsable de urbanismo en el Ayuntamiento en el periodo comprendido entre 1991 y 2006.
Pero el Tribunal de Málaga señaló que esos 20 años de prisión "serían el límite máximo a aplicar, no sólo por las sentencias ahora refundidas sino incluso las que se puedan dictar en un futuro dada la naturaleza de los delitos imputados al señor Roca y las penas previstas para los mismos".
PERMISO
La propia Sala reconocía que la situación judicial de Roca hacía "difícil la operación de refundición de penas"; una problemática que "no es baladí", decía, de cara a obtener beneficios penitenciarios, como el que acaba de conseguir del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que aún no se ha hecho efectivo al haber presentado un recurso la Fiscalía Anticorrupción.
El juez le concedió el permiso de tres días porque ha cumplido "en exceso" la mitad de la condena, tiene un "excelente" comportamiento, ha iniciado el pago de las responsabilidades civiles y "ha asumido la actividad delictiva y pedido perdón especialmente a la ciudad de Marbella y sus ciudadanos".
El magistrado aludía a dicha refundición y a la evolución "muy positiva" del interno, con "un excelente comportamiento y una actitud positiva, respetuosa y de plena consideración tanto respecto al resto de internos como hacia los trabajadores del centro". "Es un penado sociable, participativo y tranquilo, independiente y con buenas actitudes hacia el trabajo", según los informes del educador, a los que hacía referencia el auto.
En cuanto a las responsabilidades civiles, recordaba que la legislación no exige el pago de las mismas para disfrutar de permisos y apuntaba que ya ha iniciado el abono éstas, habiendo pagado ya 8,1 millones de euros y estando previsto otros 4,2 millones más. Además, su patrimonio está a la venta en una página web.
Pero Anticorrupción dice, unido a aspectos como el riesgo de quebrantamiento, que el exasesor de Urbanismo no ha satisfecho aún 53 millones de euros que fue condenado a devolver, precisando que en las dos ejecutorias que se siguen en la Audiencia Nacional, la responsabilidad era de 61 millones de euros, de los que únicamente ha pagado ocho. Será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien decida.
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