Los túneles ubicados en el centro histórico de Baza (en las inmediaciones de la Cava Alta, Alcazaba e Iglesia de la Encarnación) y recorridos por un grupo de particulares, no están relacionados con las cuevas aparecidas en el entorno de la Alcazaba y en donde se está construyendo el edificio para la Cohesión Social, tal y como lo demuestran los informes arqueológicos elaborados por el profesional nombrado por la delegación de Cultura para realizar el seguimiento de las obras.
El alcalde de Baza, Pedro Fernández, ha insistido en que el Ayuntamiento está realizando las obras en el entorno de la Alcazaba con un estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de patrimonio, que obliga a la existencia de profesionales cualificados (en este caso arqueólogos) para realizar un control exhaustivo de los trabajos que, además, cuentan con las autorizaciones de la delegación provincial de Cultura de la Junta.
Tal y como ya se ha informado en diversas ocasiones, las cuevas y las galerías (que parecen ser refugios antiaéreos) ahora recorridas y de las que se tienen conocimiento desde mediados de los años 80, se encuentran a cotas muy diferentes, por lo que es imposible que se trate del mismo tipo de construcciones. El Ayuntamiento de Baza ha pedido a la delegación de Cultura de la Junta en Granada -que es la administración competente en patrimonio y en especial en cualquier tipo de intervención en el entorno de un Bien de Interés Cultural- que analice, investigue y estudie las galerías.
Éstas, según consta en las Actas del Ayuntamiento de Baza del año 1937, podrían ser refugios de la Guerra Civil ya que en ese año se autorizó la construcción de refugios antiaéreos en esa y otras zonas de la ciudad. Así mismo, está documentada la existencia de estos túneles en el Plan Director de la Iglesia Mayor (Volumen I, Reconocimiento Documental. Restauraciones, Reconocimientos y Estudios (pag. 47 o 51 según versión) y en el Volumen II Programa de Conservación (pag. 24), y en el informe pericial, fechado en el año 1983 y realizado por Francisco Castillo. “Tendrán que ser los especialistas en arqueología los que determinen qué tipo de construcción es y su datación, así como si es posible su utilización y si es conveniente realizar visitas por las mismas” ha manifestado el regidor, para quién sería positivo que, el en caso de que sean valiosas desde un punto de vista histórico, “las administraciones competentes tanto en patrimonio como en memoria democrática destinen medios económicos para su acondicionamiento o conservación”.
En este sentido, ha recordado que “en los últimos años la inversión municipal y las medidas adoptadas para preservar y conservar el patrimonio de Baza han sido las mayores de las últimas décadas. La adquisición del Palacio de los Enríquez, la rehabilitación de la Alhóndiga y su acondicionamiento como museo, las intervenciones en la zona arqueológica de Basti, la rehabilitación de San Jerónimo, el acondicionamiento de calles del centro histórico (Plaza de Santo Domingo, Trinidad, barrio de Santiago, Plaza de las Eras, Caños Dorados…) dan muestra de nuestro compromiso y sensibilidad con nuestra herencia patrimonial y monumental”. Para el alcalde de Baza, Izquierda Unida y la oficina de la vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Granada han actuado con una “tremenda deslealtad institucional” al “irse a Granada, de puntillas y a escondidas a presentar una documentación que al Ayuntamiento no se le había entregado. Han sido irresponsables al adentrarse en las mismas (tal y como se aprecia en alguna fotografía) y autorizando la entrada a arqueólogos de la Dirección de Memoria Democrática sin ponerlo en conocimiento y sin autorización de la administración competente en Cultura”.
Por otro lado, Fernández ha apreciado una intencionalidad clara del Partido Popular de Baza en mezclar las cuevas del cerro de la Alcazaba con estos túneles, para “crear confusión entre la ciudadanía, linchar a un funcionario municipal a quién intentan desacreditar profesionalmente, a pesar de su larga trayectoria en la conservación y protección del patrimonio, y paralizar una obras que están generando empleo, mejorando infraestructuras y servicios”. Ha añadido que “se están estudiando las medidas legales pertinentes para frenar el linchamiento público al que el PP está sometiendo a un funcionario público”.
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