El urbanismo y el dominio público hidráulico han sido los temas abordados en el Foro de Formación y Estudios Medioambientales del Poder Judicial, celebrado en Granada y organizado por las consejerías de Justicia e Interior y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con el CGPJ.
Magistrados y jueces de diferentes partes de España han participado en este encuentro que ha clausurado hoy la secretaria general para la Justicia, Mercedes Fernández Ordóñez, junto a la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, y en el que se han analizado, entre otros temas, la contaminación fluvial como delito medioambiental, la evaluación ambiental estratégica y de planeamiento territorial y urbanístico.
Fernández Ordóñez ha recordado que “los poderes públicos tenemos la obligación de velar por una utilización racional de nuestros recursos naturales para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la persona, lo que incluye necesariamente su defensa y protección”. Por ello, según la secretaria general para la Justicia, “debemos seguir incidiendo en su fomento y divulgación, contribuyendo así a mejorar el tratamiento jurídico y administrativo de la protección de la naturaleza y a lograr una respuesta judicial más efectiva ante las agresiones y delitos que se cometen en este ámbito y, por consiguiente, a que la sociedad disponga de las máximas garantías en la defensa y protección de uno de sus más importantes bienes”.
Sandra García, por su parte, ha señalado que es “necesario consolidar toda la normativa jurídica y administrativa relacionada con el urbanismo y la protección y gestión hidráulica para ofrecer instrumentos que aporten seguridad, cercanía, transparencia y tranquilidad a ciudadanos, empresas e instituciones”.
La Consejería de Justicia e Interior, en colaboración con el Consejero General del Poder Judicial, impulsa cada año la celebración de actividades formativas dentro del Foro de Formación Estatal y Estudios Medioambientales del Poder Judicial, que tiene su sede principal en Sevilla. En 2014, además del encuentro que hoy termina en Granada, el Foro ya ha abordado un encuentro de magistrados, jueces y fiscales medioambientales que se celebró en Sevilla a finales del mes de marzo, donde se abordaron, entre otras materias, la contaminación por aguas residuales y contaminación acústica, las incidencias de la prueba en los diferentes tipos penales, el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración y las funciones de la Guardia Civil como policía judicial en el medio ambiental.
Además, a mediados de junio, tuvo lugar en Córdoba una estancia sobre la prevención y extinción de incendios y el control de sustancias nocivas en el medio natural con una demostración práctica a cargo de la brigada especialista contra incendios y visita a las instalaciones de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el parque Forestal de Los Villares.
Más de 1.100 jueces formados en el Foro Desde que se puso en marcha este foro medioambiental, creado en 2003 a raíz de un acuerdo de colaboración entre el CGPJ y la Junta de Andalucía, ya han participado más de 1.100 jueces y fiscales de toda España. El Foro tiene como principal objetivo mejorar la formación y los conocimientos de la judicatura sobre los temas que atañen a la conservación del medio ambiente, a fin de impulsar el tratamiento jurídico y administrativo de la protección del entorno y obtener una respuesta judicial más efectiva ante las agresiones y delitos cometidos en ese ámbito.
A través de estas actividades, el ejecutivo andaluz y el órgano de gobierno de los jueces mantienen un fluido y permanente cauce de comunicación con los operadores jurídicos para trasladarles la gestión que en materia ambiental realiza la Administración autonómica y también la realidad y contexto jurídico y administrativo en este ámbito. Una de las características fundamentales de los instrumentos formativos elegidos por los organizadores del foro es el amplio margen concedido a la participación y a la interacción entre ponentes, jueces, magistrados y fiscales. Tras las jornadas de análisis y debate, la Consejería de Justicia e Interior lleva a cabo un documento que resume las conclusiones y que se difunde, posteriormente, a los profesionales de la Justicia de la comunidad autónoma.
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