El edil Adrián Martínez de Pinillos ha sido la propuesta que ha presentado el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz para sustituir a Álvaro de la Fuente en la sociedad Cádiz 2000. Esta empresa es la encargada de gestionar los servicios de playas que han pasado a manos del Consistorio, es decir, que han sido municipalizados. La propuesta contó con el voto a favor del Gobierno local y PSOE y con la abstención de Ciudadanos y Partido Popular. Su papel por el momento será de consejero y la figura de presidente tendrá que designarse en el seno del consejo de administración y pasar después por Junta General.
El orden del día incluía la aprobación de las actas anteriores y la “renuncia al ejercicio de la acción social de responsabilidad que se acordaba en la anterior sesión”. Un punto que quedó sin abordar y que por lo tanto se supone que continuará con su tramitación. En tercer lugar se incluye un cambio de consejeros por Ganar Cádiz en Común.
La Junta General se celebró después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apreciara la “existencia de indicios de posible responsabilidad contable” en la sociedad Cádiz 2000, por lo que puso los hechos en conocimiento de la sección de enjuiciamiento de este tribunal. Asimismo, desde el pasado mes de noviembre De la Fuente está “cesado” como presidente y consejero de la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000.
Para Juan Manuel Pérz Dorao, portavoz de Ciudadanos, “sería un despropósito mantener a De la Fuente como consejero y presidente de la sociedad, máxime cuando Cádiz 2000 debe llevar a cabo las acciones a través del consejo de administración”. Pérez Dorao recordó que en la anterior junta “no se concretó el daño, a la vez que se mostró esperanzado en que no lo haya y que la sociedad no se vea perjudicada”, aunque matizó que Cádiz 2000 ha estado funcionando al margen del consejo y si se derivan perjuicios “no sólo se ve perjudicada la ciudad, sino que vamos a tener que poner la acción reclamatoria de responsabilidad social”.
Por su parte, el portavoz socialista, Fran González, manifestó que la prioridad en todo momento es “la situación de la playa”, cuyos servicios se deben seguir prestando, así como la situación de los trabajadores. González se mostró satisfecho porque se retirase la propuesta de eximir de responsabilidad a Álvaro de la Fuente, lo que “nos da la razón de que la sociedad no puede seguir parada”.
Recalcó que en el artículo 18 de los estatutos de Cádiz 2000 se incluye la posibilidad de nombrar un consejero de manera provisional a través del propio consejo. A juicio del portavoz, la municipalización “no debe ser un eterno problema, puesto que hay otros procesos deinternalización en otros lugares que van progresando sin problemas”. Uno de los asuntos que levantó más polvareda en el debate de la Junta General fue la aparición de un informe solicitado a una asesoría jurídica externa que “justifica distintas decisiones”. Tanto socialistas como populares manifestaron su disconformidad porque se desconoce quién ha encargado ese informe y no se ha dado la respuesta pertinente por parte de los representantes de Podemos.
La sociedad Cádiz 2000 tiene hasta el próximo miércoles para presentar las alegaciones a las diligencias preliminares abiertas por el Tribunal de Cuentas. Para ello tendrán que convocar, según explicó el portavoz socialista, un nuevo consejo de administración para dar parte de la documentación al resto de consejeros. Dicho consejo debería ser convocado por como mínimo tres integrantes del mismo.
Como responsabilidad que puede generar la dilación, además de la actuación del Tribunal de Cuentas, está la situación que se ha vivido desde el cese: licitaciones, concursos... No obstante, el que fuera hasta el pasado noviembre presidente de la sociedad declaró de manera insistente y tajante que “no se ha tomado ninguna decisión desde la anterior Junta General”, así como agregó que el “Tribunal de Cuentas remite el asunto a la sección de enjuiciamiento porque es la que puede tramitar las alegaciones para que las partes implicadas puedan pronunciarse”.
Álvaro de la Fuente ha defendido que ha obrado dentro de la legalidad y se ha remitido a los informes elaborado por el letrado asesor jurídico de la empresa y solicitado por el gerente sobre la exigencia de responsabilidades al presidente del consejo de administración. El edil se mostró tranquilo ante la denuncia del PP en el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, desde el PP, Ignacio Romaní afirmaba que a Alvaro de la Fuente lo “han usado de títere por la cabezonería del alcalde”, José María González. Asimismo, le piden que “no se escude y asuma sus responsabilidades, optando a la presidencia de la sociedad Cádiz 2000”.
Los populares indican que desde el equipo de Gobierno se “mintió” al decir que “no estaba cesado tras la Junta General del pasado mes de noviembre”.
Entre los asuntos que se abordaron en la Junta General estaba el incremento de los costes al asumir la municipalización que alcanzaban los 70.200 euros en asesorías de toda índole y auditorías de cuentas. Desde la oposición se desconoce si esos datos “que son de octubre, suponen una misma cantidad en los meses venideros”.
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