El presunto fraude en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía es el cuento de nunca acabar. Cada cierto tiempo se abre una nueva fase que a su vez conlleva otra serie de detenciones a manos en esta ocasión del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Ayer la Guardia Civil detuvo en Andalucía a 16 personas vinculadas con la gestión de los cursos de formación, en una operación, denominada ‘Barrado’ en la que se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Entre estas detenciones destacan los exdelegados de Empleo y Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz Juan Bouza y Manuel Brenes, ambos del PSOE.
Ambos han sido llamados a declarar bajo amenaza de arresto y forman parte de los catorce exdirigentes políticos detenidos, junto “a otros dos que ejercen su responsabilidad actualmente, los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fue alcalde de Nerva (Huelva)”, tal y como explicaba ayer la agencia EFE.
La Guardia Civil, en el marco de esta operación que se ha realizado en el marco de las diligencias del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que lleva la magistrada Mercedes Alaya, no descarta más imputaciones. Así, tal y como explica la Guardia Civil en un comunicado, los agentes, que han registrado dos domicilios, han actuado en las ocho provincias andaluzas con tres detenciones en Sevilla; dos en Córdoba; dos en Cádiz; tres en Málaga y dos registros; una en Granada; dos en Huelva; dos en Almería; y una en Jaén.
Así, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
También hay detenidos seis exdelegados provinciales de Empleo, como son el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; el de Córdoba, Antonio Fernández, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, Jaén, Irene Sabalete, y Granada, Marina Martín Jiménez, que actualmente es directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí.
Los detenidos pasarán a disposición judicial una vez se practiquen las diligencias policiales pertinentes.
Mercedes Alaya decretó en un auto dictado el 20 de enero, el secreto parcial de las actuaciones ante la “gravedad” de los hechos y por temor a que se destruyan pruebas.
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