Estremece la facilidad con la que no pocos jueces dictan sentencias u ordenes de libertad patriarcales que escapan al sentido común y están plagadas de contradicciones flagrantes, mal redactadas para más inri, que rozan el esperpento si no fuera tan dramático y dañino.
Sorprende, pero poco, el silencio cómplice de buena parte de la propia clase judicial enrocada en el más despreciable corporativismo o, peor aún, de acuerdo con las bases de las resoluciones de La Manada. Una clase judicial de la que existe un parte nada despreciable que no ha sido capaz de adaptarse a la democracia ni a los cambios sociales, vamos que siguen amarradas al franquismo sociológico o del otro.
Indigna que mientras se juzga con ojos amables y cómplices a los salvajes de la manada, los políticos presos catalanes cumplan meses y meses de prisión provisional, se encarcele “provisionalmente” a los juzgados por el caso de Alsasua, o se condene a tuiteros, raperos, pitadores del himno nacional y otras gentes que expresan una opinión que, aunque pudieran ser de mal gusto, tienen todo el derecho del mundo a expresarla; porque la libertad de expresión es precisamente eso, la posibilidad de incomodar y salirse del margen con toda libertad.
Preocupa que se vulgarice el discurso sobre la prisión provisional, que es una medida absolutamente excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. Que cuando se pide para los canallas de la manada es porque se trata de eso, de un caso con circunstancias claras y excepcionales. Preocupa porque son miles de personas que por ser pobres o gente al margen penan en prisión “provisionalmente”, llenando y saturando las cárceles españolas, cuando propiamente debieran estar libres. Inquieta de nuevo, para solucionar cuestiones de calado democrático, de derechos y sociales como esta, sólo se nos ocurra volver a endurecer el código penal por enésima vez. Uno de los códigos penales más duros de Europa, dígase de paso. Inquieta porque a cada vuelta de tuerca penal se produce una nueva rendija por la que se cuela la basura de jueces que las buscan con lupa. Siempre se abren rendijas.
No me atreveré a insinuar que no es preciso mejorar las calificaciones penales de violencia contra la mujer, pero habría que ir con cuidado, sobre todo con la figura del consentimiento en el ámbito jurídico. Cuidado, porque esos mismos jueces dedicarán horas y horas a desnudar a la víctima para determinar si había consentido o no, explícitamente o no, o si su negativa había sido suficientemente evidente e incontrovertible o por el contrario podía dar lugar a la duda.
Alarma que ahora la solución pase, cual varita mágica, por la formación en perspectiva de género de esa clase judicial que padecemos. Tampoco seré yo quien diga que no les vendría bien unos cuantos cursillos de educación para la ciudadanía y sobre igualdad de género. Pero hace falta también que la propia clase judicial adopte una posición firme ante aberraciones jurídicas como la sentencia de la manada o la resolución sobre su libertad provisional. Y eso sólo se va a conseguir, como ha dicho Elisa Beni, sacudiendo las togas, cambiando los procedimientos de selección, entrando cual elefante en la cacharrería del Consejo del Poder General Judicial, poniendo bajo la lupa a determinados jueces y juezas para comprobar que no se sitúan con sus sentencias en el filo de la ilegalidad y apartándolos de causas que son sensibles desde el punto de vista de los derechos.
Hay un nuevo gobierno, podrían soplar nuevos aires. Es la hora más que oportuna de revindicar que se pongan todos los medios, todos los recursos, todas las estrategias, en la lucha contra la violencia de género en todos los ámbitos, pero especialmente en el penal y sobre todo antes jueces patriarcalmente carcamales.
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