La escuela pública teme ahora ser el epicentro de los recortes

La Marea Verde saldrá a la calle porque intuye que el pacto con la concertada revertirá sobre ellos el cierre de aulas. Díaz asegura que prevalecerá la pública.

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  • La consejera De la Calle -
  • La Junta pacta hoy las oposiciones de maestros, que habrá también en 2018 “sí o sí”

Susana Díaz ordenó la pasada semana a su consejera de Educación taponar con urgencia el nuevo foco de conflicto ciudadano que se avecinaba por el flanco de la escuela concertada. La solución ideada (garantizar que ningún alumno ya escolarizado en esos centros perderá su plaza y mirar con lupa qué aulas cerrar en función de la caída de la natalidad) ha desatado la alarma en la otra pata del sistema, la red de colegios e institutos de la propia Junta de Andalucía. La ecuación es sencilla: los colectivos que defienden a ultranza la escuela pública temen que si la concertada ha salido satisfecha de las negociaciones con la Consejería hasta el punto de desactivar sus movilizaciones puede que los nubarrones viren ahora hacia ellos para convertirles en damnificados del tijeretazo en las unidades (la nueva terminología para las aulas).

El departamento que dirige Adelaida de la Calle da por extinguido de forma momentánea el incendio en la concertada. El conflicto surgió por urgencias del calendario, al tener que renovar en marzo la Junta los conciertos cuatrianuales que mantiene con el sector. La Consejería dejó entrever que no todos los centros podrían volver a acogerse en las mismas condiciones porque la caída de la natalidad obliga a cerrar unidades. El sector montó en cólera y parece que las aguas han vuelto a su cauce. La duda es quién cargará con esa merma de aulas si no lo hacen ellos.

La escuela pública teme convertirse ahora en la gran perjudicada. De ahí que los colectivos agrupados en torno a la Marea Verde hayan iniciado esta semana concentraciones provinciales porque entienden que renovar conciertos con colegios privados convertirá a la red de centros de la Junta en una especie de “subsidiada” frente a éstos. Denuncian también que se haya “blindado” a los concertados con acuerdos que se alargan en el tiempo mientras por ejemplo Andalucía ha perdido 1.300 unidades de Infantil desde que estalló la crisis. Si hay menos nacimientos y alumnos por aulas es el momento idóneo, sugieren, para reducir las altas ratios. Y si hay apuesta de la Junta por la pública, reclaman que cualquier recorte revierta sobre la red concertada, que absorbe ya el 17% de todos los centros repartidos por la comunidad.

El conflicto educativo que aparece en el horizonte se coló este jueves de lleno en el Pleno del Parlamento. Podemos e IU reclamaron a Susana Díaz que “blinde” el sistema público. Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, llegó a exigir a la presidenta que detalle “a qué pacto ha llegado con los obispos” para que se hayan desactivado las movilizaciones. También le sugirió que si piensa que no hay recortes “pruebe la crema de champiñones del comedor” de un centro público. Díaz se revolvió, lució cifras de incremento de presupuesto y lanzó una advertencia:  entre la pública y la concertada, en caso de recortes la damnificada será la segunda. Ahora queda por ver cómo cuadrar el círculo: que ni una ni otra salgan perjudicadas para evitar protestas ciudadanas. Aparenta ser complicado.

Oposiciones suculentas

La Junta tiene que taponar aún esa vía de agua en su nave, pero de momento trata de garantizar paz social en otro colectivo en pie de guerra, el de los opositores a los que la guerra política entre el Gobierno central y San Telmo ha soliviantado esta semana por el temor de que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado complique sus aspiraciones de examinarse. Díaz garantizó que este viernes pactará con los sindicatos incluso más de las 2.300 plazas de maestros anunciadas y que en 2018 habrá también oposiciones “sí o sí”.

Condenado por aprobar sin examen

El Supremo ha condenado a un profesor de la Universidad de Granada a siete años de inhabilitación por haber aprobado con sobresaliente a una alumna de Pedagogía en un examen al que no se presentó, lo que constituye la primera sanción del alto tribunal a un docente por una prevaricación de ese tipo. En el caso, que se remonta 2008, cooperó también una jefa de Sección de la Facultad que ha sido igualmente sancionada.

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