El Pleno municipal se reunió el lunes en sesión ordinaria del mes de abril para, entre otros puntos, suspender temporalmente el acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) al frente del servicio de recogida de basuras y mantenimiento de parques y jardines.
La situación financiera del Ayuntamiento imposibilita que se pueda pagar 200.000 euros al mes a la empresa, a la que se habría hecho entender la difícil situación económica municipal, aunque finalmente ha trascendido que la empresa tampoco se iba a hacer cargo de la plantilla de trabajadores de Ecorreciclajes ante las elevadas deudas (más de cuatro millones de euros) que arrastra el ente público.
Desde Arcos en Común, su portavoz, Susana Pérez, mostró el respaldo al punto porque nunca ha estado a favor de la privatización del servicio, no sin lamentarse de la opacidad de las cuentas de la actual empresa al frente del servicio, Ecorreciclajes, y la gestión que se ha efectuado tradicionalmente con la misma por anteriores equipos de Gobierno. Pérez centró su intervención en criticar el acuerdo del Gobierno PP-Ai-Pro con FCC sin solucionar previamente el desaguisado económico de Ecorreciclajes y porque la citada empresa privada se ha visto implicada en algún caso de contratos supuestamente irregulares de manos de altos cargos del PP. En este sentido, abogó por un gasto “ético” de los recursos de la ciudad. No obstante, se abstuvo del punto porque no saben ni conocen las posibles consecuencias de esta suspensión temporal. Arcos en Común apuesta en esta dirección por la suspensión total del convenio.
Desde Ai-Pro, su portavoz, Manuel Erdozain, rechazó las acusaciones de Arcos en Común sobre presunta corrupción en FCC para recordar que el convenio alcanzado con el Ayuntamiento de Arcos goza de total legalidad, superando el período de alegaciones y los permisos correspondientes.
Asimismo, señaló que el acuerdo no tenía aparejada subida alguna del recibo de la basura. Erdozain declaró que la gestión de Ecorreciclajes ha sido “mala” y presentó su voluntad para que esta se disuelva como está predestinada por sus graves problemas económicos. De hecho, se acordó disolver la empresa pública en 2014 sin que llegara a buen puerto.
Ai-Pro justificó el intento de privatización del servicio con ofrecer mejores resultados a los ciudadanos de Arcos y recordó que, pese a la situación de Ecorreciclajes, nunca se ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores, de los que dijo siguen trabajando en condiciones pésimas con una flota de transporte muy deteriorada y con contenedores destrozados. Además, entiende que los números son positivos para dar el paso hacia la privatización. Ecorreciclajes tiene un gasto superior a los dos millones de euros (en nóminas 1,8 millones). Con estos argumentos, el grupo opositor votó en contra.
Desde el PP, su portavoz, Sebastián Ruiz, recordó que FCC gestiona el servicio en lugares como Puerto Real y Madrid, con lo que explicó que la empresa no sólo presta servicio en municipios gobernados por el PP, respondiendo así a Arcos en Común. Ruiz se mostró partidario de “buscar una solución” antes de “dar lecciones”, para admitir que el actual servicio de basuras en Arcos deja mucho que desear. El partido asegura no entender que Intervención emita un informe negativo sobre la privatización cuando dio su visto bueno al pliego de condiciones para la adjudicación del servicio. Además, describió un servicio complicado por la amplitud del término municipal, lo cual aumenta el gasto del mismo.
Sebastián Ruiz dijo ponerse “en la piel del equipo de Gobierno” para asegurar que el de la basura es “un problema de la ciudad”, y admitir que los distintos equipos de gobierno sólo se han limitado a pagar la nómina de Ecorreciclajes, mientras que la deuda de Seguridad Social y Hacienda se ha disparado alarmantemente, y los gastos añadidos (transporte, depósito en la planta de Las Calandrias, averías…) corrían a cargo del Ayuntamiento. Ruiz se refirió al gasto previsto de 423.000 para la compra de nuevos contenedores, para recordar que el presupuesto de 2016 aún no ha sido aprobado.
“Arrimar el hombro”
Desde el equipo de Gobierno socialista, su portavoz, Ana Carrera, señaló que “ya es hora de arrimar el hombro entre todos”, y recriminó la abstención “sistemática” de Arcos en Común a este y a otros puntos de los plenos. “La realidad es que el servicio de basuras es lamentable. Los ciudadanos se merecen un servicio mucho mejor porque para eso pagan sus impuestos”, señaló la portavoz, no sin admitir que el convenio con FCC es legal a todas luces.
La portavoz socialista justificó la suspensión temporal del acuerdo con el informe de Intervención, la situación económica, el uso del nuevo Punto Limpio y la compra de material para Ecorreciclajes, con lo cual se garantiza que el servicio, dentro de sus limitaciones, sea digno. Sin embargo, se mostró expectante con la postura de FCC si mejora la situación económica del Ayuntamiento, ya que esta empresa exigiría su puesta al frente del servicio.
La réplica
En los turnos de réplica, Arcos en Común aseguró que su política nunca ha sido un obstáculo para el Gobierno, ya que su voto ha sido fundamental para la aprobación de las iniciativas del ejecutivo socialista. Ai-Pro incidió en que el convenio con FCC también comprende la gestión de parques y jardines, cuyo coste roza el medio millón de euros anuales, con lo cual volvió a defender una vez más la privatización, augurando que si no se da este paso peligra la prestación futura del servicio. El PP recordó que el impuesto de la basura no ha subido desde principios de los años noventa, cuando el coste del servicio se ha triplicado. Además, recordó las concesiones que FCC haría al Ayuntamiento para la adquisición de medios para la prestación del servicio como nuevo reclamo para no suspender el convenio. También aseguró que la compra de nuevos contenedores de carga lateral implica la utilización de nuevos vehículos cuyo coste de alquiler se dispararía respecto al transporte actual. La portavoz socialista aseguró que el anterior Gobierno tuvo ocasión de hacer entrar en servicio a FCC y que, estudiados los informes jurídico y técnico, es viable la suspensión del convenio y la continuidad de Ecorreciclajes. Con independencia de que ello incremente el gasto, el equipo de Gobierno lo asumirá en pro de los ciudadanos, por lo que pidió a los grupos que se sumaran al punto, explicó Ana Carrera.
El alcalde, el socialista Isidoro Gambín, se lamentó del voto en contra del PP y Ai-Pro y aseguró que el problema del servicio “se va a arreglar”. El mismo se reiteró en anteriores argumentos económicos, para recordar que el servicio es deficitario a tenor de sus ingresos. Si el gasto con FCC se sitúa en 200.000 euros mensuales, los ingresos apenas llegan a 90.000 euros, no estando dispuesto a subir el impuesto. En una última explicación de voto, el PP se temió que la verdadera intención del equipo de Gobierno sea adjudicar el servicio a Básica, la empresa de la Mancomunidad, llevándose FCC de Arcos cuatro millones de euros sin haber entrado en servicio.
El alcalde socialista respondió que no, que legalmente no se puede hacer.
Daciones de cuenta del Gobierno
En otro orden, el Pleno dio el visto bueno a la reforma de una finca en La Torrecilla, para convertir una vivienda en alojamiento rural. Ai-Pro, que votó a favor como todos los grupos, rogó al delegado de Urbanismo que realice un seguimiento de esta obra vía inspección por si no cumple con el proyecto presentado. El Gobierno socialista, no obstante, felicitó a los promotores por su iniciativa y la aprobación definitiva de su proyecto.
En otro orden, se aprobó la modificación de la tasa por celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento, que venía costando al usuario 75 euros de lunes a viernes y 150 euros los fines de semana. Con la enmienda, y teniendo en cuenta la situación económica municipal, todas las bodas civiles costarán 75 euros con independencia del día de celebración, pero siempre que se celebren fuera del Ayuntamiento, y 150 euros las bodas que se celebren en el Ayuntamiento pero fuera del horario laboral, con lo que se pretende ahorrar gastos en personal sin perjudicar a los usuarios.
El punto sexto del orden del día aprobó una instancia de las administraciones públicas a las operadoras de telefonía móvil para mejorar el servicio en las barriadas rurales. En este punto, el Gobierno municipal explicó algunas gestiones ya realizadas a tal efecto.
Igualmente, se dio luz verde a una propuesta de Arcos en Común para instar a la Junta de Andalucía a bonificar a los vecinos que sufran una fuga de agua en sus viviendas, una medida que ya se contempla por parte de la empresa concesionaria Aqualia, pero que también afecta al canon autonómico de la Junta. A instancias del PP, el Gobierno también solicitará a la Junta que retire el canon autonómico a los vecinos rurales que no ven depuradas sus aguas residuales.
Además, el equipo de Gobierno dio cuentas de los últimos acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, la mayoría de los cuales se centra en la adjudicación de varios suministros para abaratar el coste al Ayuntamiento, entre ellos una operación de renting para los nuevos vehículos policiales. El suministro de combustible al Ayuntamiento ha sido adjudicado a Cepsa. El alcalde dio cuenta del decreto sobre la creación de una nueva delegación municipal, la de Agricultura y Ganadería, en base al peso económico de estos sectores en la economía arcense. Esta nueva delegación estará en manos de actual responsable de Hacienda y Personal, la socialista María José González Peña. Desde la oposición, Arcos en Común demandó formar parte de las mesas de contratación. Ai-Pro, por su parte, recordó que las competencias de agricultura y ganadería estuvieron en manos del delegado de Medio Ambiente durante el anterior mandato. El grupo también pidió a las empresas locales que presenten a partir de ahora las mejores ofertas al Ayuntamiento para que los beneficios de la contratación de servicios no se vayan fuera de la ciudad. El PP pidió “ojo” con las competencias en agricultura y ganadería porque pueden ser incompatibles en el nuevo marco legislativo. Asimismo, rechazó la operación de renting al considerar que no será beneficiosa en términos económicos. El alcalde replicó a la oposición que por primera vez en muchos años la flota de vehículos de la Policía será “digna” y que lo que prevalece en esta operación es la seguridad de los ciudadanos.
Los ruegos y preguntas de la oposición
En el turno de ruegos y preguntas, Arcos en Común se interesó por los procesos selectivos de empleo a través del SAE. El Gobierno le respondió que los criterios son de la Junta y publicados puntualmente. También preguntó por el plazo de diez días para que los interesados presenten su situación económica para un puesto de las bolsas de empleo sociales. El Gobierno respondió a través de la portavoz Ana Carrera que, en el caso de que los aspirantes no tengan tiempo por problemas ajenos, se ampliaría el plazo. Arcos en Común preguntó por la situación actual del servicio de zona azul, después de haberse detectado presuntas incompatibilidades respecto al parking que gestiona la empresa. El Ayuntamiento ya estudiaría una nueva concesión del servicio. Además, por las farolas inservibles del carril bici que el Gobierno arreglará, tal vez, con fondos europeos y dentro de su particular plan de mejora y eficiencia energética. El grupo preguntó por las negociaciones con Aqualia para pagar la factura a los ciudadanos que ya no pueden pagar el servicio. El ejecutivo sigue estas negociaciones tanto con Aqualia como con Cáritas para evitar, además, cortes de suministro a las familias. También se interesó por las basuras en el cauce del río, lo cual, según respondió el ejecutivo, se debe a la acumulación vegetal. Por último, preguntó por el estado del reglamento de Participación Ciudadana, para lo cual se continúan celebrando reuniones con los colectivos afectados, y por las tareas de mantenimiento en los colegios, para lo cual se creará una plantilla específica el próximo verano.
En lo que respecta a Ai-Pro, pidió más detalles sobre los proyectos locales que financiarán los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI). Como que el paquete de proyectos que, en el caso de Cádiz, ayuden al desarrollo turístico no está aún definido, poca información concreta pudo aportar el equipo de Gobierno, salvo su apuesta por la reconversión del antiguo bar terraza en centro de recepción turística. Ai-Pro pidió formar parte de las reuniones sobre la ITI. Igualmente, preguntó por la interrupción de las ayudas municipales para los autónomos y nuevos emprendedores, a lo que el Gobierno respondió que las administraciones se tienen que poner al servicio de los empresarios como creadores de empleo, pero admitió que existe un informe negativo de Intervención para conceder estas ayudas porque así lo exige el plan de ajuste económico que se desarrolla actualmente.
Las preguntas y ruegos del PP no fueron, al parecer, debidamente registradas, de ahí que el grupo pospusiera sus cuestiones para próximas sesiones.
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