El servicio público de recogida de basuras en las calles ha ofrecido durante los últimos días una de las imágenes más lamentables de la ciudad, en lo que coincide gran parte de la ciudadanía como así se ha podido comprobar, por ejemplo, en redes sociales.
La avería en tres de los cuatro vehículos de los que dispone la empresa pública Ecorreciclajes ha sido el detonante que ha puesto de manifiesto el déficit que arrastra el servicio en sus propias infraestructuras, las cuales no se han modernizado durante los últimos años, lo que habría supuesto un intento de abandonar el servicio. La falta de inversión, por tanto, unida a una presunta dejadez sobre la gestión del servicio, ha derivado en un momento crítico donde el Ayuntamiento se debate entre la continuidad de la misma fórmula que hasta ahora o dejar el servicio en manos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, a la que el Pleno municipal concedió la gestión durante el anterior mandato con los votos en contra de la oposición.
Sin embargo, y pese a que el acuerdo goza de legalidad plena, FCC aún no ha comenzado a prestar servicio en Arcos, aunque ya habría realizado las primeras inversiones con la compra de nuevos contenedores que permanecen apilados en las instalaciones del nuevo Punto Limpio, junto al parque empresarial El Peral.
Llegado el momento, la empresa exigiría entrar en servicio directamente o reclamar una indemnización por las pérdidas que haya podido sufrir estos meses, que parece lo más probable. De hecho, el Ayuntamiento da por hecho que habrá que indemnizarla, aunque sin apuntar a una cantidad exacta; indemnización que podría rozar, según fuentes consultadas, los tres millones de euros.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Arcos prefiere optar por esta fórmula ante su creciente falta de liquidez. Haciendo números, el alcalde, el socialista Isidoro Gambín, asegura que no se puede cumplir el convenio por el que FCC percibiría 200.000 euros mensuales durante quince años.
Temor a las deudas
El regidor está convencido de que si la empresa entra en servicio se acumularía una voluminosa deuda a la que no se podría hacer frente. No obstante, resulta evidente que, si el Ayuntamiento decide explotar el servicio como hasta ahora, por su cuenta y riesgo, está obligado a realizar una serie de inversiones para que las basuras de la ciudad no se vuelvan a acumular con el consiguiente problema de salubridad e imagen pública.
Si bien el Ayuntamiento no dispondría de tal cantidad para privatizar la gestión, la cual ingresa actualmente por sí sola en torno a 80.000 euros mensuales vía impuestos, los dos primeros grupos en la oposición municipal, PP y Ai-Pro -autores del convenio con FCC- sostienen que el servicio actual ya cuesta a las arcas públicas los señalados 200.000 euros mensuales, si se tiene en cuenta el coste en personal -la plantilla de Ecorreciclajes roza la treintena de operarios-, las demasiado frecuentes averías de la flota de vehículos, el deterioro de los contenedores que necesitan ser repuestos relativamente rápido, el elevado coste de combustible, el transporte de los residuos hasta la planta de Las Calandrias en el término de El Puerto de Santa María y otros factores que lo encarecen, apunta a que la posible gestión de FCC no sería una idea descabellada desde el punto de vista económico.
Como que todavía no se ha resuelto la situación, el equipo de Gobierno -reitera su alcalde- no está dispuesto a aumentar la presión tributaria sobre el servicio, es decir, apretar más el cinturón al ciudadano con una subida de tasas que el propio alcalde estima en cuatro o cinco veces las actuales.
La posible privatización del servicio es posiblemente una de las patatas calientes para el nuevo equipo de Gobierno en este mes de septiembre, un ejecutivo enfrentado por este asunto con PP y Ai-Pro, aunque cuenta a priori con el apoyo de Arcos en Común que no está por privatizar los servicios hasta ahora públicos.
Política comarcal
A todo ello, existe un ofrecimiento de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para gestionar el servicio en Arcos de la Frontera, presumiblemente con un coste menor, de lo cual se encargaría la empresa comarcal pública Básica, cuyo presidente es el alcalde de Espera y diputado provincial Pedro Romero. Sin embargo, optar por este modelo supondría contravenir el acuerdo plenario con FCC.
2,5 millones a la seguridad social
Con independencia de la falta de medios, del deterioro de la flota de vehículos y de un parque de contenedores prácticamente destrozado, actualmente la empresa pública Ecorreciclajes soporta una deuda cercana a los 2,5 millones de euros con la Seguridad Social, lo que evidencia que el Ayuntamiento no ha pagado este concepto casi en toda la historia de la empresa de la basura. De tratarse de una empresa privada, el Ministerio habría llevado a cabo un embargo hace años. Al parecer, una de las condiciones de FCC para gestionar el servicio habría sido que el Ayuntamiento saldara la deuda con la Seguridad Social, pero tal y como está la hacienda arcense, parece una tarea casi imposible.
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