Con el ánimo de no crear confusión entre la opinión pública, la Delegación municipal de Urbanismo ha dejado claro que el Ayuntamiento no está dispuesto a aprobar una modificación de la ordenanza reguladora del uso del suelo en El Santiscal, entre otros motivos porque significaría de paso la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde 1994.
De esta manera, la Delegación explica que no puede acceder a la única vial legal para cambiar el uso residencial de la parcela propiedad del empresario y concejal Antonio Ortiz (Ven-T) para aprobar su proyecto de colegio bilingüe en El Santiscal. La polémica tiene su origen en la propia Delegación territorial de Ordenación del Territorio, que había señalado al citado empresario que la única forma de que su proyecto educativo viera la luz fuera con un cambio de ordenanza que tendría que aprobarse en el Pleno municipal.
A este respecto, el delegado municipal de Urbanismo, Manuel Erdozain, ha señalado que ese paso significaría dar luz verde a todo El Santiscal para el cambio de uso del suelo, es decir, que partiendo de una hipotética situación de igualdad, cualquier vecino tendría derecho a montar un negocio en su vivienda. Por tanto, Urbanismo no está dispuesto a abrir la veda en este sentido, por lo que lamenta que la Junta haya dejado caer que la última responsabilidad sobre la aprobación del proyecto de Ortiz Ordóñez sea del Ayuntamiento, para señalar que la última palabra sobre esta iniciativa empresarial es exclusivamente de la Junta de Andalucía, a la que Erdozain insta a cambiar la ley si lo que pretende es favorecer proyectos de esta índole.
Es más, Erdozain hace un llamamiento para que las familias no matriculen a sus hijos en el colegio bilingüe que no ha abierto sus puertas, para así evitar una situación de frustración de la que en ningún momento el Ayuntamiento es culpable, según el delegado de Urbanismo.
Cambiar una ordenanza que afecta a una barriada donde viven más de 3.000 personas sería para el delegado “una locura”. Para Erdozain, incluso si se llegara al extremo de cambiar la ordenanza y por tanto el PGOU, los plazos para la puesta en marcha del colegio se dilatarían en el tiempo dado el largo y difícil proceso administrativo que habría que emprender.
En el terreno personal, Erdozain recordó a Ortiz que cuando tomó posesión de su cargo como concejal en el Ayuntamiento juró cumplir y hacer cumplir la Ley. El mismo terminó avisando a Ortiz de que, como abra el centro educativo, el Ayuntamiento estará obligado a cerrarlo automáticamente. También le adelantó que la postura del Ayuntamiento frente a su proyecto empresarial no guarda relación alguna con sus discrepancias políticas y que por tanto no existe en esta postura “una maniobra política”.
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