El delegado municipal de Urbanismo, Manuel Erdozain, ha considerado muy positiva la reunión celebrada la pasada semana para explicar a los afectados el decreto andaluz sobre la regularización de viviendas.
Al encuentro fueron llamados distintos representantes de asociaciones vecinales y colectivos implicados en este asunto, aunque el objetivo es seguir reuniéndolos para abundar en un proceso que sólo en Arcos afecta a cientos de familias y a unas 1.000 viviendas hasta ahora en situación de alegalidad.
Erdozain señaló “la voluntad” de Urbanismo se cerrar un capítulo que afecta, de una parte, a los asentamientos urbanísticos más o menos consolidados y, de otra, a las viviendas fuera de ordenación.
En el segundo caso, el delegado municipal puso en énfasis en que los costes de urbanización serían “infinitamente menores”, aunque la última palabra la tiene en este apartado la Junta de Andalucía. Sin embargo, desde Urbanismo se espera “una salida lo menos gravosa posible para el ciudadano”.
Por lo pronto, en la reunión se repartieron en torno a 500 fichas y la correspondiente solicitud de información, con lo cual se irá elaborando un inventario de viviendas irregulares. En este sentido, Urbanimos se da un plazo de un mes aproximadamente para cerrar el inventario. En julio se celebraría una nueva reunión en la que Urbanismo avanzaría cómo encajarían esas viviendas en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para Erdozain, el proceso “ya no tiene marcha atrás”, y “este tren ha empezado a andar”, de ahí que pidiera la máxima colaboración posible de los afectados a la hora de aportar la documentación exigida.
Igualmente, Urbanismo recuerda que los afectados ya se pueden dar de alta en contribución y en la recogida de basuras, dos tributos fundamentales que hasta ahora no pagaban estos propietarios. Erdozain habló de “la corresponsabilidad de los afectados en ayudar a las arcas municipales en todo este proceso”.
La regularización de viviendas y de determinados núcleos rurales es un proceso complicado y complejo que, como la propia Delegación reconoció hace unos meses, no dará solución a la totalidad de inmuebles que se encuentran en esta situación, aunque sí a la mayoría de casos.
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