El juzgado dio la razón a los 60 bomberos investigados a raíz de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Málaga por no acudir, estando fuera de servicio, a una llamada de emergencia en junio del pasado año. Así, el juez y el fiscal desestimaron todas las actuaciones “al no ser estos hechos denunciados delito alguno” ya que la emergencia se produjo mientras los efectivos del Cuerpo de Bomberos estaban en una huelga indefinida que se inició el 14 de marzo de 2017 y todavía continúa en la actualidad.
“No consta abuso del derecho ni fraude de ley, en todo caso, carencias importantes en cuanto a las normas necesarias que deben regular estas situaciones por parte del Ayuntamiento de Málaga"De este modo, según el escrito de la Fiscalía, el 27 de junio se realizaron 61 llamadas para cubrir una plaza de servicios mínimos que quedó vacante por una licencia concedida durante la jornada y, sobre las 19 horas, se hicieron siete llamadas más al coincidir simultáneamente varios incidencias. “No nos encontramos en una situación en la que el trabajador designado personalmente para su incorporación a un puesto de trabajo de servicios mínimos no acuda o lo abandone, sino en los que los investigados, fuera de servicio y sin ninguna obligación específica, o no contestan la llamada o justifican su inasistencia. Se llama de una forma indiscriminada para ver quién puede acudir a cubrir la baja, no hay conminación, orden de acudir”, justifican las diligencias del fiscal.
Además, para el fiscal, el decreto de servicios mínimos marcados por el Ayuntamiento es una “una norma en blanco”, y añade que: “No se ha acreditado que su disponibilidad sea de 365 días al año. Domina el principio de voluntariedad y, en una situación de conflicto laboral, la colaboración más allá de los exigido reglamentariamente es difícil que se dé”.
Por todo ello, el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga archivó la denuncia del Consistorio de la capital subrayando que “no existe protocolo alguno, ni en cuanto a la forma de localizar al personal y entrar en contacto con él, ni en cuanto a la obligatoriedad de la disponibilidad ni en el orden de llamadas”, apunta la sentencia, y concluye que “no consta abuso del derecho ni fraude de ley, en todo caso, carencias importantes en cuanto a las normas necesarias que deben regular estas situaciones por parte del Ayuntamiento de Málaga”.
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