La Mesa de la Transición Energética anuncia movilizaciones ante la negativa del presidente de la Fundación de Eléctrica, José Blas Fernández, de firmar el bono social. Le darán de plazo hasta antes de los Carnavales para tomar las medidas oportunas en favor de los más desfavorecidos.
El portavoz de Derechos Humanos, Rafael Lara, manifestó que “estamos en una situación un poco esperpéntica”, después de trabajar durante meses en un bono social eléctrico para Cádiz, que beneficiaría a “2.000 familias”. Tras las gestiones pertinentes en la administración, "nos encontramos con el bloqueo del PP “a través de Blas Fernández perjudica a esas personas más desprotegidas”. Es un "profundo deprecio al entramado asociativo de la ciudad, a los que nos acusan de ser instrumentos de partidos políticos".
Los argumentos de Fernández son “inconsistentes”: en nombre de una Fundación firmó "un convenio, y ahora se niega a firmar el mismo documento" con Eléctrica de Cádiz. “Sería conveniente que se hurgara en los entresijos de esa Fundación Eléctrica de Cádiz, qué es, no ha renovado sus cargos, cuando le correspondía por ley, no ha presentado sus cuentas, y se encuentra fuera de la ley”. Asimismo, dicha Fundación tiene, según los colectivos, entre sus objetivos la defensa de los Derechos Humanos. "Nos gustaría saber cuáles son las actuaciones realizadas, la memoria de actividades”.
Desde la Mesa piden que “firme de una santa vez el convenio, y si no que se reúna con nosotros y nos explique con pelos y señales cuáles son las dificultades”. Es “intolerable que no se concedan ayudas para encender la calefacción, en pleno invierno”.
Mientras tanto, el portavoz de la Marea Blanca, Antonio Vergara, es “increíble que se discutan derechos que son tan fácilmente comprobables”. Declaró que "es imprescindible un diagnóstico" de las necesidades sociales y ninguna "normativa puede poner en peligro un derecho a calentarse ante el frío extremo”. “Es una necesidad social fácilmente demostrable”, añadió Vergara.
Por ello, anuncian que llevarán a cabo una campaña con movilizaciones y acciones, porque “una persona no puede tener en jaque a la ciudad y menos abusar del poder que pueda tener en cualquier entidad” y dan de plazo hasta antes del Carnaval para que Fernández presente su rúbrica al convenio. En su defecto, confían en que se reúna con los colectivos para explicar sus razones.
Ese bono social eléctrico es una “manera de devolverles a los desprotegidos su dignidad, se le reconoce el derecho a la energía”. No obstante, desde los colectivos se “siguen dando ayudas ante los cortes de electricidad. Eso es una vergüenza, creemos que tiene que ser cuestión de la administración, del Ayuntamiento el que dé esas ayudas a través del bono social”, manifestó Lara. Desde la mesa, Carmen Díaz indicó que “no es lo mismo el reconocimiento de un derecho que ir mendigando unas ayudas”.
Aprovecharon la convocatoria para hacer un llamamiento a todos los afectados porque ese bono social no salga adelante para que acudan a las movilizaciones que se convoquen.
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