El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha anunciado, tras reunirse con el alcalde de Cádiz, José María González, que investigará el porqué del bloqueo al bono social eléctrico que quiere poner en marcha el Ayuntamiento y que no puede entrar en vigor por la falta de la firma de un concejal del PP.
Según ha explicado la Oficina del Defensor en un comunicado, tras el encuentro en Sevilla con el alcalde, la medida que quiere impulsar el gobierno local de Cádiz es "fantástica" y "merece la pena que siga adelante", de ahí que vaya a analizar la documentación aportada por los técnicos municipales para emitir una resolución.
Maeztu también ha ensalzado la medida gaditana por "ir más allá del bono estatal", tener carácter "pionero" y atender muchas de las recomendaciones hechas por él mismo y por el Defensor el Pueblo Estatal para beneficiar a las familias necesitadas.
"Hay que estudiar qué obstáculos y diferencias pueden existir para ponerlo en marcha", ha explicado, al mismo tiempo que ha animado a que materialice "por el bien de las familias de Cádiz".
El alcalde le ha explicado que este bono social, que permitirá sufragar las facturas sin cortes de luz para aquellas familias que acrediten ante Asuntos Sociales ingresos insuficientes, fue aprobada por el pleno municipal por unanimidad, pero que no se ha podido aplicar porque el concejal del PP José Blas Fernández aún no ha presentado su firma.
Fernández, que se opone a esta medida, es presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz y no ha suscrito los dos convenios necesarios, lo cual impide el funcionamiento del bono social.
Por su parte, en un comunicado, José Blas Fernández ha lamentado que el alcalde "haya olvidado explicarle a Maeztu por qué ha retirado las ayudas para el pago de la luz a 2.000 familias que ahora están pendientes de la aprobación de este bono eléctrico".
El edil del PP ha recordado que "desde hace años, el anterior gobierno de Teófila Martínez pagaba íntegramente la luz a todas las familias con informe favorable de los Servicios Sociales" y se ha mostrado dispuesto a reunirse con Maeztu para explicarle la situación.
Fernández justifica su negativa a firmar los convenios en que el bono eléctrico no fue aprobado por una mayoría cualificada en el consejo de administración de Eléctrica Cádiz, donde sólo recibió cinco votos de los nueve posibles.
También ha recordado que en el último consejo de administración de Eléctrica se aprobó elevar consulta a la Dirección General de Tributos sobre la fórmula legal en la que se está planteando a la Fundación la aplicación del bono social eléctrico, cuya respuesta aún no ha llegado.
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