La Fiscalía de Málaga acusa a dos responsables de un bar de la capital malagueña para los que solicita penas de cárcel por un delito contra el medio ambiente al, supuestamente, superarse en el local los niveles de ruido permitidos con música, fiestas y retransmisiones de partidos de fútbol, lo que ocasionaron importantes trastornos a algunos vecinos.
El fiscal señala en sus conclusiones iniciales que los acusados, a través de una sociedad, regentan desde noviembre de 2011 un local en la zona de Teatinos que desde su apertura, "sin haber obtenido la preceptiva licencia" para bar con música, tenía cinco televisores conectados a un ordenador "en los que retransmitían hasta altas horas de la madrugada partidos de fútbol y vídeo musicales".
Según se pone de manifiesto en el escrito provisional de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, los procesados tenían "plena consciencia de los perjuicios que ocasionaba a los vecinos que vivían en el bloque" y, además, señala, instalaron un aire acondicionado justo debajo del dormitorio de una de las viviendas.
En noviembre de 2011 uno de los vecinos denunció los hechos, requiriendo la presencia de la Policía Local. Las denuncias, dice el ministerio fiscal, se fueron sucediendo en diferentes ocasiones "comprobándose en todas cómo los acusados no tenían licencia para ejercer ese tipo de actividad". El local se llegó a cerrar en enero de 2012, "volviendose a abrir y cerrar continuamente hasta abril".
En ese momento, se realizaron mediciones por parte de una empresa en uno de los dormitorios y los resultados arrojaron que se superaba el nivel de ruido máximo permitido. "Pese a haber adoptados medidas mínimas por parte de los responsables del local, los acusados con pleno conocimiento de que las mismas no eran suficientes para paliar o minimizar el ruido continuaron con dicha actividad", se indica.
De hecho, "llegaron a celebrar fiestas hasta altas horas de la madrugada", según el fiscal, quien señala que se continuaron presentando denuncias en 2013 y en 2014 y realizando mediciones que "superaban" en varios decibelios los niveles permitidos, lo que ocasionó a los vecinos "ansiedad y trastornos el sueño" que han requerido tratamiento médico.
Para el fiscal, se trata de un delito contra el medio ambiente continuado por emisiones de ruidos perjudiciales para la salud, solicitando tres años de prisión para cada uno y multa de 12.000 euros; así como la clausura del local hasta que se adopten las medidas pertinentes para evitar dichos niveles de ruido y, en todo caso, durante un plazo de tres años.
Asimismo, el ministerio público insta a que los acusados junto con la sociedad que regentaban y la aseguradora indemnicen a cuatro vecinos perjudicados en la cantidad que se determine posteriormente en función de los perjuicios físicos y morales. El juicio en un juzgado de lo Penal está previsto para mediados del próximo mes de diciembre.
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