La presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y la multinacional Abengoa, habría retraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009.
Así se recoge en el escrito de calificación provisional de la Fiscalía Anticorrupción tras diez años de investigación en el marco del conocido como caso 'Poniente', por el que el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 64 años de prisión y 42 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La acusación que el Ministerio Público ha elevado al Juzgado de Instrucción 2 de Almería indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con la empresa mixta Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".
De este modo, la cuantía que se defraudó por IVA e Impuesto de Sociedades se elevaría a más de 28,9 millones de euros, según se refleja en el escrito formulado contra 50 acusados para los que se interesa un total de 1.545 años de prisión y 99 de inhabilitación para cargo público por 14 tipos delictivos entre los que figuran malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, prevaricación continuada o blanqueo de capitales. El importe total de las multas interesadas asciende a 884 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para "aprovechamiento ilícito" al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con "sobrefacturación", todo ello, según remarca, "con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal.
"A cambio de prebendas económicas, Enciso, como alcalde y presidente del Consejo de Administración del Elsur, y Alemán, como exinterventor y a la par vocal del citado consejo, hicieron caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio", apunta para precisar que el segundo "autorizaba, a sabiendas, el gasto, una vez contabilizado, y el primero autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente".
Según se describe en el escrito, Abengoa procedió, a través de sus 12 directivos acusados en la causa y "puestos en dichos cargos para facilitar" los comportamientos ilícitos, a "beneficiarse ilícitamente" del dinero público que era la "principal fuente de ingresos" de la empresa mixta y lo hizo a través de la facturación al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento "dentro del canon anual" y por servicios y obras "fuera de canon".
En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, José Amate o Juan Antonio Galán fundamentalmente. El Ministerio Público calcula que el grupo de empresas controlado por el primero sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 por ciento con el que los 13 acusados vinculados al citado grupo han conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario, tanto rústico como urbano.
Mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán, sobrefacturó presuntamente a Elsur, "aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales", 15,6 millones de euros, "habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación". El Ministerio Público subraya que, aparte de un "importante patrimonio inmobiliario", los miembros de la familia Galán destinaron el dinero ilícito a gastos "de lujo" como vehículos de alta gama, joyas o viajes, "que le hacían disfrutar de un alto nivel de vida".
Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante un entramado de sociedades una "sobrefacturación" en concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento", ya que, tal y como destaca el fiscal, eran servicios "que en realidad no se prestaron pues no constan actas de reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos en los que se ponga de manifiesto la veracidad de los mismos y tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían que era de naturaleza pública, incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento el incremento de los precios en beneficio propio".
En este apartado, la Fiscalía Anticorrupción distingue dos etapas; una de 2002 a 2003 con la empresa Befesa como instrumento, y la segunda, de 2004 a 2009, con Aygesa, en la que, para hacer "más opaca la ilegalidad que llevaban a cabo", desglosaron el concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento" en otros dos que denominaron 'Fee' para "supuestos servicios generales prestados" y 'Extra Fee' para "supuestos servicios bajo demanda prestados".
"Estos contratos y su consiguiente facturación, hechos a final de año, indican claramente que el socio privado de Elsur decidía primero la cantidad de dinero que se iba a llevar y después confeccionaba el contrato, las facturas, los pedidos y los resúmenes para tratar de justificar las cantidades facturadas e intentar dar soporte documental a unos supuestos trabajos de apoyo a la gestión que, en realidad, no han existido".
"LEVANTAMIENTO DEL VELO JURÍDICO"
La Fiscalía Anticorrupción hace hincapié en su escrito en el "abuso orquestado en daño de los intereses públicos que venían obligados a servir" que se hizo con la creación de la "trama de sociedades" que subcontrataban con Elsur, principalmente en manos de José Amate y Juan Antonio Galán, y de un carácter "meramente instrumental" con las que trataban de "ocultar las maniobras ilícitas de los responsables del grupo empresarial Abengoa". Asegura que Amate y Galán, que se enfrentan a 97 y a 171 años de prisión respectivamente, "colaboraron en la consecución de la finalidad defraudadora" a cambio de "conseguir pingües beneficios por medio de sobrefacturación".
"Elsur y su socio mayoritario Abengoa, que lo controla, permitieron y colaboraron en la creación de las subcontratistas para mediante las mismas ocultar las elevadas ganancias que obtienen, no solo del Ayuntamiento, sino también reduciendo considerablemente las cuotas tributarias que, si hubieran actuado de acuerdo a la legalidad, hubiesen tenido que satisfacer a la Hacienda Pública".
Al respecto, el Ministerio Público recoge que, según exponen los peritos judiciales de la AEAT, Elsur defraudó en concepto de impuesto de sociedades entre 2002 y 2009 la cuantía de 14,4 millones de euros, de la que solo ha sido regularizada en vía administrativa 557.059 euros. En lo que se refiere al IVA, la cuota defraudada presuntamente por la empresa mixta es de 2,7 millones de euros, de los que sólo se ha regularizado en vía administrativa 251.460,63 euros.
Por otro lado, Amate y Galán, quienes habrían hecho posible lo anterior, habrían procedido a la compra de facturas falsas para "paliar el enorme gasto que suponía repercutir el IVA" a Elsur, bien a personas físicas que tributaban a Hacienda por el sistema de módulos --conocidos como moduleros-- o empresas emisoras de este tipo de facturas, las denominadas 'factureras'.
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