Antonia ha sido desalojada del que hasta hoy ha sido su hogar. Una vivienda de Emvisesa que ocupó junto a sus dos hijas, menores de edad, pero al estar esta adjudicada han sido desalojadas en la mañana de este viernes.
Fuentes del Ayuntamiento aseguran que, al estar la vivienda que han ocupado adjudicada ya a otra persona y dado que no era un caso de emergencia, se le ofrecieron dos alternativas: acceder a las ayudas a alquiler social o un alojamiento transitorio hasta buscar un piso apropiado. Las rechazó.
Cómo podría estar en posible situación de emergencia al ser dos de sus hijas menores de edad, se decidió abrir un expediente de excepcionalidad, pero al estudiar los antecedentes (la mujer dijo que fue víctima de un desahucio por ejecución hipotecaria) al solicitarle la documentación han visto que realmente había vendido la vivienda y que a pesar de la ejecución se quedaron con dinero de esa venta.
Así, en el día de hoy el Juzgado ha actuado en la promoción de Sevilla Este en cumplimiento de una orden judicial de desalojo para la ocupante ilegal de una de las viviendas, a la que se ha solicitado en repetidas ocasiones desde marzo de 2016 que abandonara la vivienda que había ocupado de forma irregular y que aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían de acuerdo con su situación socioeconómica. Así, se le han ofrecido una ayuda al alquiler durante un año y un realojo transitorio en una vivienda ofrecida por el Ayuntamiento. Ambas propuestas han sido rechazadas por la familia.
En el mismo momento en el que el Juzgado ha formalizado el desalojo, se ha tramitado la ocupación de la vivienda por parte de una familia con dos menores que han sufrido un desahucio de una vivienda de promoción privada, que se encuentra inscrita en el registro de demandantes de viviendas y que cuentan con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales
La vivienda ocupada ilegalmente por esta persona estaba incluida en un proceso de adjudicación convocado en junio de 2015 y regulado por la normativa del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla. A dicha convocatoria, de 60 viviendas protegidas, concurrieron un total de 631 personas inscritas en el Registro de Demandantes, a las que Emvisesa fue citando por orden para reservar vivienda. Esta persona ni siquiera estaba inscrita entonces en el registro de demandantes de vivienda protegida. La vivienda ocupada permaneció vacía durante buena parte del anterior mandato municipal y se incluyó en la convocatoria referida en junio de 2015, no habiendo llegado a formalizarse la entrega en el momento de su ocupación ilegal.
Emvisesa y la OMDV han realizado un exhaustivo estudio de las circunstancias de la familia desde el día 28 de marzo de 2016, cuando una inspección de la empresa municipal advirtió de la ocupación ilegal de la vivienda y se le han ofrecido distintas alternativas para que procediera a salir de la vivienda y alojarse en alguna de ellas.
El Ayuntamiento de Sevilla dispone de un protocolo de actuación que permite, de manera excepcional, adjudicar una vivienda protegida al margen del Registro de Demandantes. Desde su inauguración, el pasado 31 de mayo, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha adjudicado 120 viviendas por este procedimiento. El requisito indispensable para acceder a este protocolo excepcional es contar con un certificado de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social. A la fecha, la persona desalojada en el día de hoy no cuenta con este informe.
De hecho, la persona que ocupó ilegalmente la vivienda no ha sido víctima de ningún desahucio, sino que consta que vendió su vivienda en una operación fechada después de la ocupación ilegal del piso de Emvisesa, según la información que suministró de forma voluntaria. Dada esta situación socioeconómica se han ofrecido las ayudas y se han realizado los trámites necesarios de acuerdo con su perfil y con los criterios de la Oficina Municipal de Vivienda y de los Servicios Sociales.
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