Los estragos de la sequía, las imágenes desoladoras de Galicia y el balance trágico de muertes en Portugal tras la última oleada de incendios han puesto en alerta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que este domingo puso el dedo en la llaga de los retrasos que acumula la inmensa mayoría de los ayuntamientos andaluces en la aprobación o renovación de los planes de emergencia con los que deben responder con eficacia a catástrofes ecológicas provocadas por las llamas.
El toque de atención no es casual, ya que todos los municipios situados en áreas consideradas de alto riesgo están obligados a diseñar por sí mismos sus Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF). Eso en la teoría, porque las cifras dejan en mal lugar a la mayoría.
Los últimos informes anuales del Infoca consultados por este medio revelan que en el último año se ha hecho sólo una parte de los deberes.
Se ha avanzado de forma considerable en el número de consistorios con sus programas en vigor, pero ha habido una preocupante relajación en quienes ya dieron en su día el paso de registrar el informe pero ahora incurren en nuevos retrasos al no renovarlos, trámite al que según la normativa andaluza tienen que someterse cada cuatro años.
Como en casi todo, la botella aparece medio llena o medio vacía. Lo positivo es que, a día de hoy, de los 594 municipios declarados Zona de Peligro de Incendios tienen su plan en vigor un total de 531. Lo incumplen por tanto sólo 63, un 10,6% del total, los mismos que ni siquiera han registrado cómo harían frente con sus medios a los primeros instantes de un incendio antes de recibir refuerzos. Pese a ello, a finales de 2016 el balance era más desolador: eran 322 los ayuntamientos que declaraban no tener el plan vigente y 73 los que ni siquiera lo habían redactado.
El motivo de alarma ahora ya no es por tanto que no existan los PLEIF, sino que quien los había aprobado en tiempo ha olvidado revisarlos. De esos 594 entes locales un 52%, en concreto 312, están pendientes de trasladar a la Consejería de Medio Ambiente la revisión de sus planes. Traducido, apenas uno de cada dos ha sido capaz de presentar en tiempo el informe una vez vencidos los cuatro años de vida que le concede la ley. A partir de ahí los ayuntamientos están obligados a reescribirlos para adaptarlos a las nuevas circunstancias de su entorno directo, desde riesgos que puedan favorecer o alimentar las llamas hasta si cuentan con más o menos recursos o cualquier factor que condicione la actuación cuando suene la voz de alarma por aproximación de las llamas.
Vital en las primeras horas
Sobre la Consejería planean aún las consecuencias de incendios como el declarado en junio en Huelva, que llegó a penetrar incluso en el área de Doñana. De ahí que se alerte a los ayuntamientos de que “deben ser conscientes de los problemas que pueden ocasionar los incendios forestales” en sus términos municipales y, sobre todo, de que con los PLEIF “se pueden atajar los incendios en un estado incipiente y minimizar los riesgos, de ahí la importancia de tenerlos redactados y desarrollados”.
Contar con esos programas, recuerda, permite identificar los puntos con mayor riesgo de incendio, establecer los mecanismos de comunicación a la población y fijar con claridad el catálogo de medios humanos y materiales con que se cuente.
Los municipios, sobre todo los más pequeños, suelen alegar falta de personal para cumplir. La Consejería asegura que ofrece sus recursos y los de las diputaciones.
Objetivo: que no se invierta la tendencia
Al año le quedan aún más de dos meses para despedirse y cuando se haga balance de hectáreas quemadas jugará muy en contra el incendio de junio en Huelva. Pese a todo, la prioridad de la Consejería es mantener la tendencia a la baja de los últimos años. En 2016, por ejemplo, las llamas devoraron 3.363 hectáreas, frente a las 5.900 de media de la última década. El problema es que sólo en Huelva en unos días ardieron ya 8.486
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